La pesadilla para Evarist Aznar ha terminado. El alcalde de Llosa de Ranes y responsable del PP de La Costera puede ya respirar con la tranquilidad que ofrece un sobreseimiento libre, pronunciamiento que equivale a una sentencia absolutoria. Aznar había sido acusado de ... ser uno de los supuestos zombies de Ciegsa, trabajadores que cobraban un sueldo de una administración pública pero sin que desempeñaran ninguna tarea. Esta ilegal operativa llegó a su máximo desarrollo con Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa.
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Los imputados por estos hechos, desde un futbolista del Olímpic de Xàtiva a trabajadores de una agencia de publicidad, sobrepasan la decena. En el marco de esa investigación, se sumaron otras sospechas en la empresa Ciegsa, la mercantil encargada de la construcción de colegios públicos y donde se investiga además el cobro de comisiones a cambio del amaño de los concursos. Todo este entramado de favores estaría controlado supuestamente por Alfonso Rus. El alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia contaría con Benavent en Imelsa y con Máximo Caturla en Ciegsa para 'colocar' a personas de su confianza o por afinidad política.
Evarist Aznar fue imputado por supuestamente cobrar sin trabajar en Ciegsa. Estuvo cerca de un año y por un sueldo de aproximadamente mil euros. Las pesquisas han sufrido la ya habitual parálisis que ha afectado, sin excepción, a toda la macrocausa de Imelsa. De hecho, tanto su representación legal como otras defensas llevan años a la espera de que se dé respuesta a la práctica de diligencias. Desde el primer momento han negado los cargos y trataron de aportar testigos que confirmaran la tarea que llevaba a cabo el alcalde.
Pero, al final, todo era incluso más sencillo para el edil. Los hechos han prescrito. Una circunstancia que no es nueva. Es más, los mismos plazos que se analizan ahora se pudieron haber hecho cuando se abrió la causa judicial. Así, el político comenzó a trabajar en Ciegsa en febrero de 2004 y terminó en mayo de 2005. La causa se abrió por prevaricación, malversación y falsedad documental. El más grave de los ilícitos tiene un plazo de prescripción de diez años. Esos hechos no se empezaron a investigar en el juzgado hasta 2016 por lo que no hay posibilidad de que generen responsabilidad penal. Quizá no sea la salida más honrosa posible para un político porque no entra en el fondo del asunto –si hubo o no trato de favor– pero sí supone terminar con un calvario de sospechas judiciales. Aznar llevaba años esperando para que el juzgado se pronunciara sobre la solicitud de diligencias.
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El archivo cuenta con el visto bueno de Anticorrupción que informó favorablemente al carpetazo de las actuaciones. Las causas de los zombies de Imelsa y Ciegsa estuvieron cerca de dos años sin apenas novedades, con la instrucción bloqueada. De hecho, la Fiscalía había solicitado su acumulación –son los mismos hechos en dos empresas diferentes y con el nexo de Alfonso Rus–, pero no se respondió a esta petición hasta la incoación del auto de procesamiento donde se acordó unir ambas indagaciones.
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