Varios colectivos muestran su preocupación por aspectos del real decreto para agilizar la implantación de renovables

El Pleno del Consell aprobó el viernes el denominado «decreto ley omnibus», que incluye, entre otras, medidas para agilizar la instalación de plantas de energía fotovoltaica en la Comunitat y que se suma al Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, del Gobierno estatal, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Esta agilización preocupa a colectivos que llevan meses luchando y exigiendo la racionalización en la implantación de proyectos de macroparques solares principalmente en zonas rurales. "Sabemos que van a agilizar los trámites, pero ¿a qué coste?", se preguntan desde la Plataforma la Canal Verde, de la Canal de Navarrés.

A la espera de conocer con más detalle las medidas aprobadas por el Consell, esperan que no vaya en la misma dirección que el real-decreto. De este les preocupa algunos puntos como que los proyectos con una potencia igual o inferior a 150 megavatios no estarán sujetos a una evaluación ambiental (artículo 6).

"Estamos hablando de cientos de hectáreas arrasadas para cada proyecto de central fotovoltaica. Al menos las zonas Natura 2000 quedan exentas de este favor, pero ¿qué pasa con los montes declarados de utilidad pública y con los suelos de recarga prioritaria de acuíferos o los montes quemados?", se preguntan.

También muestra su preocupación por el hecho de que, en el artículo 7, se establezca que la administración resolverá conjuntamente la autorización y la construcción de las plantas. "Nuestro temor son las expropiaciones. Actualmente, según el decreto de agosto de 2020 los promotores pueden iniciar los trámites de utilidad pública, que son la puerta abierta a las expropiaciones, cuando tienen al menos el 25% de los terrenos en los que se proyecta la planta fotovoltaica, algo que consideramos que es muy poco".

Asimismo insisten en que el nuevo decreto reaviva su inquietud por lo que consideran "una forma de discriminación social". Recuerdan que los proyectos de energías renovables principalmente están previstos en zonas rurales del interior, en suelos no urbanizables en su mayoría y lejos de los centros de consumo.

Denuncian que se les está dando prioridad a las zonas costeras y las zonas urbanas con estas nuevas facilidades y dado que "el coste del suelo es mucho más bajo en las zonas rurales para los promotores" y advierten que se está relegando el mundo rural a un segundo plano y que está en juego zonas de gran valor turístico y agrícola.

Desde la Canal Verde también lamentan que durante la elaboración de los dos decretos-Ley (14/2020 y 6/2022), así como en el proyecto de ley presentado el viernes no se ha dado audiencia a las asociaciones ambientales, "cuando es una obligación legal" y anuncia actuaciones judiciales "para evitar la reiteración de estos incumplimientos legales en el futuro".

Sobre el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, otro colectivo, Acció Ecologista-Agró lamenta, que el objetivo de evitar el cambio climático haya quedado eclipsado por el objetivo de "conseguir soberanía energética y mantener el mismo nivel de consumo energético en un escenario de disminución de la producción de energías fósiles".

Consideran que la reducción del consumo energético es un "aspecto clave", más incluso que la generación de energía por fuentes renovables.

La asociación ecologista ecologista coincide con la Canal Verde en que "el cambio climático no puede servir como excusa para afectar al patrimonio natural, los espacios protegidos, la calidad de vida de las comarcas de interior, la producción agrícola, o la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, vivan en capitales o zonas rurales".

Es por ello que insta a que esta ley se adapte a la estatal y contemple que el despliegue de energías renovables "debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial".

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