La juez imputa a Consuelo Císcar por los sobrecostes de compra de arte en el IVAM

Malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental son los tres delitos que la juez imputa a Consuelo Císcar por las irregularidades cometidas durante su gestión al frente del IVAM. El equipo de confianza de la exdirectora, es decir, cuatro subdirectores, también son investigados por los presuntos delitos Se trata de Juan Carlos Lledó, subdirector económico; Juan Bría, subdirector de gestión interna; Norberto Martínez, subdirector de publicaciones; y Raquel Gutiérrez, subdirectora técnico-artística. De los investigados Raquel Gutiérrez es la única que continúa trabajando en el museo. En la rueda de prensa del balance de 2015, celebrado el pasado 11 de enero, Gutiérrez estaba en el acto, sin embargo, la técnico se ausentó el pasado martes en la presentación de la muestra de Harun Farocki. El sexto imputado es el empresario Bienvenido Martínez, administrador de la firma Valsatrans y Logística del Arte.

La investigación penal contra todos ellos se deriva de las irregularidades apreciadas por la Intervención General de la Generalitat en cuyo informe se recogen sobrecostes en adquisición de obra -que en algunos casos se disparan hasta el 1.500% más de su precio de mercado-; anomalías en la contratación de comisarios y adjudicación de servicios durante los ejercicios 2009 a 2013.

En el ámbito de las exposiciones, según el auto, se ha realizado un desembolso de «cantidades de dinero desorbitadas», pero también aparecen irregularidades en los gastos de viaje que ascendieron a 137.717 euros durante el periodo analizado entre los que se detecta un sobrecostes de 7.909 euros en un alojamiento y facturas de 3.800 en un hotel de Suiza para hospedar a una persona no vinculada profesionalmente al IVAM, entre otros casos. Otra cifra destacada es el gasto en comidas, cócteles y similares, que asciende a 229.789 euros. En el 84% de esta cantidad «no se identifica a las personas que participan en el acto».

El juzgado número 21 investiga la adquisición de 63 obras a Espacio Tao, gestionado por Gao Ping -presunto cabecilla del 'caso Emperador'-, de las que no consta el precio en la Comisión de Adquisición de Obras de Arte (CAOA) de siete piezas por las que el IVAM pagó 219.680 euros, en otras se compran sin que figure el precio ('Opus DCXLV') o los criterios técnicos para adquirirla y en otro lote de 17 piezas el título de la obra a compras es distinto al de las piezas que se adquieren.

El juzgado también investiga la compra-donación de 77 piezas de Gerardo Rueda, de las que 33 obras no figuran en el patrimonio del museo, entre ellas 'La moneda, el tiempo y el laberinto' por la que se facturó al centro 9.125 euros. El auto recoge que con la fundición de ocho esculturas de Gerardo Rueda, siete años después de haber fallecido, «se benefició al heredero del artista en una cantidad superior a los dos millones de euros». El IVAM compró fundiciones nuevas al heredero, es decir, no compró piezas realizadas por el artista.

«Todas las propuestas de adquisición de obras de arte y sus precios partían de Císcar», recoge el documento judicial. «La señora Císcar en base a su criterio personal decide la contratación del comisario de cada exposición y decide qué publicaciones se realizan sin que conste ningún informe justificativo de los fines que se pretende alcanzar», detalla el auto.

Lledó y Gutiérrez formaban parte de la Comisión de Adquisición de Obras Artísticas, el área «donde mayores quebrantos económicos se ha cometido». La participación de Raquel Gutiérrez en la CAOA «es bastante para su imputación por sobrecostes injustificados», mientras Lledó Rosa «designaba directamente a las empresas a las que requerir para presentar presupuestos». El auto detalla que el ámbito de las publicaciones, dirigido por Norberto Martínez, es donde «mayores irregularidades constitutivas de presuntas infracciones penales se han cometido dentro de la gestión del IVAM».

Los investigadores tratan de aclarar ahora dónde fue a parar el sobrecoste pagado por determinadas obras y servicios. No fue a las cuentas de la Generalitat. Se rastrea si ese dinero terminó engrosando el propio patrimonio de los ahora investigados. Lo habitual en causas de corrupción es encargar un informe patrimonial en el que se revisen cuentas bancarias y propiedades y cotejar si esos bienes se ajustan a los ingresos legales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) trabaja en un informe, que todavía no ha llegado al juzgado, que puede aportar luz acerca del destino de estas cantidades y la relación entre los investigados. Los agentes ya han interrogado a trabajadores del museo y como consecuencia de esas testificales, las pesquisas se ampliaron a exposiciones en el extranjero y viajes de transporte.

Pese a que estaba decretado el secreto de sumario, el letrado de Císcar, según recoge el auto, solicitó el pasado 11 de enero de 2016 el archivo y sobreseimiento provisional de la causa. Se desconoce qué motivos alegó en un asunto en el que hasta ayer se desconocía qué se investiga realmente. La juez rechazó tal petición.

La instructora ha ofrecido a la Generalitat Valenciana la posibilidad de personarse en la causa para exigir la devolución del dinero presuntamente desviado. El Consell lo hará efectivo porque ya manifestó su intención de personarse en todas las causas. Como circunstancia curiosa, la investigación la lleva el mismo juzgado -diferente juez- que en su día instruyó el caso contra Rafael Blasco, marido de Císcar. Sí coincide, en cambio, el fiscal encargado de ejercer la acusación contra el exconseller que finalmente resultó condenado a seis años.

Reacciones

La imputación de la exdirectora del IVAM y de su cúpula generó reacciones. «El IVAM puede haber sido víctima de un saqueo indecente», aseguró el conseller Vicent Marzà, que criticó la corrupción y el clientelismo de la anterior gestión.

La actual dirección del IVAM, a cargo de José Miguel G. Cortés, expresó su «total respeto» por la actuación de la justicia y enfatizaron en la necesidad de que la pinacoteca «mire al futuro».

Por último, el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, exigió la dimisión «inmediata» de Císcar como miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC).