Anticorrupción pide seis años a Císcar por la compra de obras falsas de Rueda

Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación donde reclama seis años de prisión a la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar, a su número dos y director financiero Juan Carlos Lledó y al hijo adoptivo de Gerardo Rueda, José Luis Rueda, por «urdir un plan para desviar fondos públicos» con la compra de obras falsas del artista como si fueran auténticas. Las piezas eran reproducciones póstumas de escaso valor, según han coincidido diferentes expertos a lo largo de la investigación judicial.

El ministerio público sostiene que la decisión de estas operaciones fue tomada unilateralmente por la directora del museo, la única que mantuvo contactos con el hijo de Rueda. Además, solo ellos, cuando se firma la venta, conocían que las piezas no las había elaborado en vida el artista sino que eran meras fundiciones.

La exdirectora, siempre según la tesis de la acusación, ocultó estas adquisiciones al Consejo Rector del IVAM y también al departamento de Conservación. El escrito de Anticorrupción detalla, en definitiva, cómo Císcar esquivó todos los controles legales para materializar su plan delictivo. Por ejemplo, al recurrir a un contrato privado con Rueda lo que le permitía no necesitar los informes de idoneidad a la hora de invertir dinero público en unas adquisiciones de esta naturaleza. Además, en el marco de esta estrategia, también se falsificaron las actas de la Comisión Asesora en Materia de Adquisición de obras de Arte. Sólo así se puede explicar que figuren las firmas de personas -en concreto dos responsables- que niegan haber estado en esa reunión. «Ningún experto del museo realizó un informe sobre la valoración», remata el escrito de la fiscal.

Recuerda la acusación cómo la directora del IVAM mintió al decir que la obra 'El Gran Relieve' se había comprado porque fue esa misma la que se exhibió en el museo valenciano y que se hizo expresamente para estas instalaciones. Es público que la obra original fue donada por el heredero de Rueda al Reina Sofía.

También la forma de pago despierta sospechas al menos de irregularidades ya que parte del dinero se abonó sin que el IVAM hubiera recibido la pieza. El primer plazo ascendió a 207.803 euros «y fue autorizado antes de la recepción de la obra en el museo», subraya la fiscalía.

Los expertos, a lo largo del procedimiento, explicaron que Gerardo Rueda falleció sin dejar instrucciones sobre cuál era su voluntad concreta respecto a la fundición. Esto hace, según los especialistas, que no sea posible la elaboración de obras post mortem a criterio de los herederos.

La Fiscalía considera que los tres procesados han cometido los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación y reclama seis años de prisión para cada uno de ellos. En el contrato que se firma con el IVAM, además, se da otra circunstancia llamativa. Los acusados pactan que sea la institución la que corra con los gastos de fundición de las obras. Estas tareas ascendieron a 512.524 euros, cantidad que fue abonada con fondos públicos del IVAM en tres anualidades.

La fiscalía, no obstante, reduce la responsabilidad civil que se barajaba hasta la fecha en la causa. De los cuatro millones iniciales se pasa ahora a 3,5, cifra que incluye la compra de las piezas y el pago de la fundición pero donde se deja fuera el desembolso del IVAM en diferentes exposiciones para promocionar el legado de Rueda. La acusación popular, por ejemplo, sí reclama esos 700.000 euros a los acusados.

Esta cuestión, la del dinero, no preocupa en exceso a las acusaciones. El juzgado tiene bloqueados más de seis millones de euros para hacer frente a una hipotética condena. A Consuelo Císcar se le bloquearon dos pisos en Artes Gráficas, muy próximos a las universidades, valorados cada uno en más de 360.000 euros. A esto se le suma una finca en Picanya y un apartamento en Benicàssim. En total, 1,7 millones de euros. Sólo al hijo de Rueda le decomisaron más de cuatro millones en bienes en la capital de España.

La acusación popular, que ejerce Acción Cívica, ha elevado su petición de pena hasta los 12 años de cárcel al considerar la malversación agravada por el enorme importe sustraído. Todavía falta el escrito de la Abogacía de la Generalitat que ejerce la acusación en este asunto desde el inicio del caso. De igual modo, está pendiente que la Audiencia resuelva el recurso que presentó Císcar ante su procesamiento. La última posibilidad para que la exdirectora no se siente en el banquillo.