Anticorrupción recurre al TSJ para buscar la condena de las responsables de Ivacor

Así lo recoge en el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat donde trata de que se revoque el fallo que eximía de responsabilidad a las dos directivas de la entidad pública en la restauración de los valiosos libros de Luis Caruana, conocido coleccionista de la sociedad valenciana.

La acusación pública -también ejerció la popular la Confederación General del Trabajo- mantiene la existencia de prevaricación por restaurar los ejemplares al margen de cualquier procedimiento administrativo. «Este punto es realmente el más importante», precisa.

La institución, en ningún momento, detalló el estado de conservación de los libros y la propuesta de intervención. «Sólo de esta forma podía conocerse la cuantía de la intervención y cómo llevarse a cabo», adelanta.

Pero, según la Fiscalía, el procedimiento fue el opuesto. Se permitió al coleccionista que fuera entregando los libros de forma sucesiva, en diferentes lotes. De esta forma, el pago se produjo «de forma directa» entre las restauradoras y Caruana, sin que el Ivacor conociera, por tanto, la cantidad final abonada. «No se entiende cómo la sentencia no reprocha penalmente este comportamiento de las directivas del instituto, cuya obligación era haber realizado una cuantificación conjunta», lamenta la fiscal. Si se hubieran conocido estos datos –a la vista del resultado– se debió seguir el procedimiento por contrato menor, señala el escrito. Todo esto supuso «la elusión de los controles».

La dos directivas «impusieron su criterio» y no era necesario conocer su motivación. Quizá pudo ser contentar a Caruana o ganar cierto prestigio para la institución. Pero estos extremos no serían relevantes. El otro de los ilícitos, la malversación, también quedó probado en la vista, según la fiscal. «Hubo una utilización de los medios públicos al servicio de intereses particulares que debe considerarse inadmisible jurídicamente en una administración pública».

De hecho, censura el argumento de la sentencia de que Ivacor realizó una especie de labor de «diagnosis y análisis» –no aparece en los hechos probados– y discrepa que el valor de los materiales empleados sea insignificante para condenar por este delito. La Fiscalía, no obstante, corrige que lo relevante en este asunto no es esa cantidad sino el número de horas de dedicación por parte de las restauradoras.

La acusación mantiene que el perjuicio para Ivacor fue de casi 11.000 euros, el importe que se pagó a las dos restauradoras directamente al margen del propio instituto. Las dos acusadas se enfrentan a una pena de cinco años de prisión. La directora del Ivacor, Gemma Contreras, nunca pensó en dimitir. Aún hoy sigue en su puesto pese al cambio de Gobierno tras el fin del Botánico..