Una auditoría revela gastos sin justificar y contratos fraccionados en el Palau de la Música

«Cada gasto no puede ser considerado como un contrato menor si forma parte de la misma prestación o de prestaciones homogéneas». Esto es lo que recoge una auditoría sobre el Palau de la Música a la hora de denunciar «fraccionamiento del contrato» en algunos de los expedientes analizados. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. El informe, realizado por un auditor externo sobre los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento, revela una serie de irregularidades contables y de contratación por parte del auditorio municipal.

Según el texto, «a partir del análisis de las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2016 y 2017 agrupadas por acreedores, se ha puesto de manifiesto la existencia de gastos repetitivos, que se adquieren de forma habitual a los mismos acreedores», afirman los expertos. Tanto es así, revela el informe, que «estos gastos se adjudican directamente, al no exceder, individualmente, los límites que establece el artículo 138.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para la contratación menor, 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras o 18.000 euros cuando se trate de otros contratos». No obstante, asegura el texto, «debe señalarse que cada gasto no puede ser considerado como un contrato menor si forma parte de la misma prestación o de prestaciones homogéneas, por lo que su acumulación si supera los importes citados en el mencionado artículo y/o tienen una periodicidad superior al año debe considerarse un fraccionamiento de contrato».

La auditoría pone varios ejemplos de esta práctica irregular. Señala como en los dos ejercicios estudiados, se han contraído obligaciones de 76.904 euros en «contratos recurrentes de mantenimiento y suministro de equipos de climatización» a una misma empresa durante dos ejercicios; o «contratos recurrentes de arrendamientos de piano sin expediente de contratación» a una misma mercantil durante esos dos años que ascienden a 231.147 euros; o el «alquiler recurrente de equipos de sonido» durante 2016 y 2018 a una misma firma que ingresó 113.217 euros.

En este sentido, también pone otro ejemplo mucho más concreto. Señala que, desde el mes de febrero de 2017 se han tramitado «gastos repetitivos, de periodicidad mensual, en concepto de 'servicio de vigilancia', por un importe conjunto de 399.931 euros». «Estos gastos en el ejercicio 2016 y en el primer mes de 2017 estaban amparados por un contrato de prestación de servicios suscrito el 1 de febrero de 2013, con una duración máxima, incluyendo prórrogas, de cuatro años». Sin embargo, dicen los auditores, «desde el vencimiento del contrato los gastos se han adjudicado de forma directa, lo que ha supuesto una inaplicación de los principios previstos en la normativa contractual destinados a seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. Adicionalmente debe señalarse que su tramitación de forma individual para cada mensualidad supone un fraccionamiento del contrato, un incumplimiento del artículo 86.2 del TRLCSP (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público)».

Asimismo, señala la auditoría, en algunos expedientes analizados «no se ha justificado la elección de criterios a tener en consideración para adjudicar el contrato» o, en otros, «no consta evidencia de la forma en la que se ha determinado el precio del contrato».

Estas no son las únicas deficiencias que recoge el documento. En la parte contable, el informe «ha resultado desfavorable debido a los hechos muy significativos que se han puesto de manifiesto durante el desarrollo del trabajo». Entre ellos, los expertos revelan que el Palau no ha podido «justificar mediante documentación soporte el importe de 2.299.313 euros registrado en la cuenta de 'Patrimonio recibido'». Tampoco, denuncia el texto, «hemos obtenido evidencia de que la Entidad haya realizado revisión o inspección física de los elementos de inmovilizado con el fin de detectar bienes obsoletos, fuera de uso o inexistentes que debieran darse de baja del activo o ser objeto de una corrección valorativa por deterioro».

Pero si en algo hace hincapié el informe es en algunos aspectos del funcionamiento económico del día a día del auditorio. Según los expertos, a 31 de diciembre de 2016, el Palau disponía de una cuenta para pagos a justificar aperturada en una entidad financiera, por un importe de 46.352 euros, que no se encontraba recogida en la contabilidad. «29.306 euros corresponden a fondos no justificados de una de pagos a justificar expedida al inicio del mes de diciembre que debería haber sido objeto de reintegro en la cuenta operativa», sostienen mientras se afirma que «17.046 euros provienen de liquidaciones de intereses practicados por la entidad financiera en ejercicios anteriores que no se han contabilizado por el Palau».

Con todo ello, estos hechos irregulares ya habían sido puestos de relieve por el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Fernando Giner. El concejal ya denunció en el pleno del Ayuntamiento el informe de la intervención sobre el Palau de la Música.

El Palau de la Música ya sabe lo que es enfrentarse a un documento sobre su gestión y que, además, no sea positivo. Una auditoría externa de 2016 arrojó conclusiones como la de la necesidad de que el auditorio redujera en un 40% su plantilla. Es más, el estudio no fue realizado por el Ayuntamiento sino que fue la propia presidenta del Palau y concejala de Cultura, Glòria Tello, la que encargó el informe a una empresa externa que costó 19.000 euros. Los expertos señalaron en ese momento que los trabajadores del centro musical debían pasar de 73 a 44. También señalaba que algunos departamentos debían reducirse de 21 a dos personas. Sin embargo, numerosas recomendaciones del documento no se han aplicado.