Císcar pide que la Generalitat también responda por los amaños en el IVAM

Consuelo Císcar, la exdirectora del IVAM investigada por irregularidades durante su gestión al frente de la pinacoteca, insiste en su tesis de que la Generalitat debe situarse en el procedimiento penal como responsable civil subsidiaria. Esto ya lo pidió en la pieza que analiza la compra de las obras de Gerardo Rueda. Y la jueza se lo denegó.

Pero ahora extiende su demanda a la otra investigación abierta por la instructora respecto a las irregularidades en el IVAM y que abarca el amaño de contratos y uso de los proveedores para fines particulares. Aquí también figura como investigado el hijo de Císcar y Rafael Blasco, conocido como Rablaci. La tesis de la defensa de la exdirectora es que los supuestos fallos en los procedimientos de control del IVAM han llevado a que Císcar figure como imputada en el procedimiento. De ahí que la Generalitat deba responder, en teoría, por ese mal funcionamiento del sistema haciéndose cargo de parte de la indemnización en caso de una hipotética condena.

Pero en este segundo escrito da un paso más que en la otra pieza y ahora ya pide -expresamente- la expulsión de la Abogacía, que trata de recuperar casi cuatro millones de euros sólo de la pieza de Gerardo Rueda.

Llama la atención el ejemplo que pone Císcar para lograr su propósito. Nada menos que el supuesto de Rosa Pérez Garijo en el caso Imelsa. Por aquel entonces, la Audiencia ordenó la expulsión de la hoy consellera de Transparencia y Participación porque no podía ser acusación en un asunto en el que no se sabía todavía si iba a estar imputada. La Sala recordó entonces que la diputada -denunciante de los audios del exgerente de Imelsa- fue citada como investigada en diligencias policiales. Pero esa condición, tres años después, todavía no se ha confirmado judicialmente. Es más, las fuentes consultadas siempre han subrayado que quedará fuera de la causa.

No es esta la única novedad en el expediente judicial. Según se comunicó ayer a las partes a través de una providencia, el caso ha sido asumido por la Fiscalía Anticorrupción después de que comenzara la instrucción como un asunto de la sección de Delitos Económicos.

Además, la causa se va a retrasar de manera indefinida. El motivo es el problema técnico que ha surgido en la grabación de la declaración de Juan Carlos Lledó, el que fuera responsable económico del museo. La jueza ha abierto una incidencia al apreciar que las respuestas del investigado no se pueden escuchar. El departamento de Informática trata de solucionar el problema para evitar que Lledó deba comparecer de nuevo en el juzgado para repetir su declaración. Tal y como informó LAS PROVINCIAS, se han paralizado todos los plazos judiciales, lo que frena la causa. Císcar gana días para recurrir el auto de procesamiento por las piezas de Rueda, mientras que las acusaciones disponen de un tiempo extra para su escrito de calificación.