Císcar quiere ahora que la Generalitat responda económicamente del caso IVAM

Consuelo Císcar, la exdirectora del IVAM investigada por la compra de obras no originales de Gerardo Rueda como si fueran auténticas, ha solicitado en el juzgado que analiza las irregularidades que la Generalitat Valenciana, que ejerce la acusación particular en este procedimiento y trata de recuperar más de cuatro millones de euros, sea expulsada de la causa y se le declare como responsable civil subsidiario. Esta petición, que se produce justo cuando el procedimiento judicial parece que está al borde de su finalización, pretende por un lado dejar a la Abogacía fuera de la acusación, pero que también responda el Consell en el caso de una hipotética indemnización.

La tesis que maneja la defensa de la exdirectora, esposa del exconseller Rafael Blasco, es que la acusaciones sostienen su relato incrimanatorio de acuerdo a su actuación como alto cargo de la Administración y que los hechos por los que se le acusa, lejos de ser acciones propias, responderían a fallos del sistema, a un «funcionamiento anormal de los servicios públicos»; de los órganos de la Administración. En este caso, Císcar apunta directamente al Consejo Rector de la institución cultural «por, no ejercer sus funciones de control y supervisión con el debido rigor y se limitó a dar la conformidad con lo hecho».

La petición de Císcar recoge, además, información de la instructora del caso IVAM respecto a «mal obrar del Consejo Rector (del museo) en su labor fiscalizadora» a la entonces directora. En el texto de la defensa se cita el caso de la adquisición de esculturas de Gerardo Rueda durante el mandato de Císcar, una compra «de la que no se dio cuenta al consejo rector del contrato» entre la pinacoteca y la Fundición Eduardo Capa.

En este punto cabe recordar que el juzgado número 21 de Valencia investiga si Císcar pagó como piezas originales de Rueda una serie de reproducciones que se realizaron posterior a la muerte del escultor. Como denunció la Abogacía de la Generalitat, esas obras fueron manufacturadas más de diez años después del fallecimiento del artista, en mayo de 1996. Un informe pericial a cargo de dos expertas del Reina Sofía determinó que no eran auténticas. Desde el entorno del hijo de Gerardo Rueda, sostuvieron que el informe pericial se elaboró sin tener en cuenta determinada información que favorece los intereses de Rueda y que el escultor, dos años antes de su muerte, autorizó a su hijo a «producir, exponer y comercializar» ejemplares de las esculturas, así como a cambiar «las escalas y materiales según la conveniencia y necesidad que estime oportuno».

En la maniobra de la defensa de Císcar, se apunta ahora que «si tomamos literalmente la argumentación de la instructora, pudiera decirse que el consejo rector no ejerció sus funciones de control y supervisión con el debido rigor y se limitó a dar la conformidad con lo hecho», según el escrito. Esta situación «surge como consecuencia de un funcionamiento anormal del servicio público», añade el documento de la defensa de Císcar.

La exdirectora considera que debe ser ahora cuando la Generalitat cambie su condición en este procedimiento pese a que se encuentra personada como acusación desde hace más de cuatro años cuando nació este procedimiento a raíz de un anónimo que llegó a la Fiscalía Anticorrupción y que detallaba las supuestas ilegalidades que cometió la directora durante su década al frente del recinto cultural. Su hijo, el artista Rablaci, también se encuentra investigado por beneficiarse de los habituales contratistas del museo, para impulsar su propia carrera artística.

La causa judicial del caso IVAM afronta la recta final del procedimiento. De hecho, la jueza ultima el auto de procesamiento.