Una comisión judicial analiza si el grafiti de PichiAvo dañó el claustro del Centro del Carmen

Todos los lunes, el Centro del Carmen de Valencia permanece inaccesible al público. El museo descansa y suele utilizar ese día para cambiar exposiciones, realizar tareas de mantenimiento o, como en el caso de ayer, para recibir a un técnico que realice una cata en el claustro renacentista que alberga en su interior.

Una acción que nada tiene que ver con el devenir diario del centro cultural, sino que se ha hecho por orden judicial. La denuncia interpuesta el pasado marzo por la Federación de empleados y empleadas de los servicios públicos de UGT contra la realización de un grafiti de más de mil metros cuadrados en el enclave es la causa de que el magistrado que lleva el caso pidiera la creación de una comisión judicial formada por expertos, para analizar la pintura utilizada y sus posibles repercusiones en un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el estudio y posterior informe que demanda el juez fue encargado a responsables de la Policía autonómica, quienes consideraron que no tenían competencias para analizar las posibles consecuencias del grafiti. De ahí que, según fuentes de toda solvencia, se creara una comisión formada por media docenas de expertos en patrimonio, quienes serán los encargados de dilucidar cuestiones como si la pintura utilizada transpira o no, si era adecuada para mantener un monumento BIC, etcétera.

Por todo ello, una empresa externa es la que ayer mismo realizó las catas, de unos veinte centímetros por treinta sobre la superficie del espacio del siglo XIII. Tras tomar las distintas muestras de las capas de pintura de la pared, un proceso que durará varios días, los expertos serán los encargados de mostrar sus conclusiones al magistrado, al que aconsejarán dentro de este trámite del proceso judicial que sigue en marcha. Una denuncia, adelantada por este diario, interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia en la que el sindicato cargaba contra el Consorcio de Museos y su responsable, José Luis Pérez Pont, quien con su actuación, según la denuncia, «ha autorizado el grave menoscabo, deslucimiento y deterioro» del enclave «actuando de forma contraria a la obligación garantista que tiene encomendada».

El pasado febrero, el claustro renacentista del Centro del Carmen fue intervenido por el dúo de creadores PichiAvo, autores de la falla municipal de este año. Todo formaba parte de la exposición 'Evreka'. Pero fue un hecho controvertido. Los representantes del Círculo por la Defensa del Patrimonio fueron muy críticos con esa acción. «Aunque se trate de una intervención temporal y obviamente reversible, un claustro con la máxima protección patrimonial, como es la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), no es el lugar apropiado para hacer este tipo de intervenciones», resaltaron. Asimismo, aseveraron que ni las paredes ni los muros deben acoger este tipo de iniciativas. Hasta tal punto que UGT recurrió a la Justicia.

El propio Pérez Pont se defendió de las acusaciones y aseguró que el grafiti de mil metros «fue aprobado por la Comisión Científico Artística del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana el 21 de diciembre de 2018 [...] y la intervención no fue expresamente informada mediante escrito 'ad hoc' a la Dirección General de Cultura y Patrimonio» ya que «no es necesario» y «no existe la obligación de realizar expediente ni aprobación por cuanto la acción realizada entra dentro de las de conservación y mantenimiento que contempla el artículo 35» de la ley. Por su parte, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, también insistió en que se «conocía el proyecto que se iba a desarrollar en el claustro y dadas sus características artísticas y técnicas no necesita de autorización previa». No obstante, expertos en Patrimonio llegaron incluso a afirmar que la realización del mural bordeaba la ley de Patrimonio.

Con todo, hasta el Síndic de Greuges dio un tirón de orejas a los responsables que permitieron que se pintara sobre las paredes de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural como es el convento del siglo XIII. El ente autonómico afeó a la Conselleria de Cultura el hecho de que la iniciativa no contara con un informe previo que analizara la conveniencia o no de instalar el grafiti. No hay que olvidar que el departamento de Patrimonio sí rechazó en 2010 realizar una intervención de arte urbano en el claustro renacentista, por lo que pidió a los creadores que utilizaran paneles y evitar así intervenir directamente sobre la pared del convento.