El Consell retoma los grandes proyectos culturales

No es lo mismo gobernar que estar en la oposición. La afirmación es un lugar común, pero los hechos confirman que el discurso se transforma o se modula cuando los políticos alcanzan el poder. La gestión cultural no es ninguna excepción. El actual Consell, formado por el PSPV y Compromís, no rechaza los grandes proyectos culturales cuya gestión, en manos del PP, criticó por el derroche de recursos públicos, sino que trata de hacerlos suyos.

La Generalitat no pierde los edificios emblemáticos que acogieron proyectos de otras épocas, sino que aspira a apropiárselos envolviéndolos en otros usos y proyectos. Hay un 'reseteo' de espacios icónicos que en anteriores legislaturas se vieron envueltos en episodios de dispendio económico, tal y como entonces denunciaron PSPV y Compromís. Ambos partidos, hoy en el gobierno, lejos de desprenderse de los edificios buscan adueñárselos o darles nuevos usos. Son tres los ejemplos: la compra de la Nave de Sagunto por 3,7 millones de euros; las obras para concluir el Ágora, a las que la Generalitat destina 4,6 millones euros; y la recuperación de la Ciudad de la Luz, que finalmente no se vende a un operador privado.

La Nave de Sagunto, llamada a ser la Ciudad el Teatro en otra época, se destinará a usos culturales. La Generalitat ha ejecutado la compra de las instalaciones pero será la Conselleria de Cultura la que deberá dotarlas de contenido y de programación. El departamento de Vicent Marzà abordará con diversos organismos, como el Consorcio de Museos y el Institut Valencià de Cultura (IVC), cómo resucita la ingente nave. No hay nada concretado. Todas las posibilidades están abiertas. Con presupuesto, las posibilidades son infinitas e incluso el espacio puede prestarse a numerosas actividades.

La Nave puede albergar exposiciones, espectáculos de artes escénicas, conciertos y rodajes de cine. En este punto conviene recordar que Luis García Berlanga se decantó por Sagunto para crear los estudios de cine que posteriormente recalaron en Alicante. La ubicación en el Camp de Morvedre resultaba clave para la industria audiovisual: Sagunto está más a mano de los profesionales del sector procedentes de Barcelona y Madrid.

No hay plazos para que la Nave de Talleres de Sagunto vuelva a la vida, pero sí los hay para concluir el Ágora. Como avanzó LAS PROVINCIAS, el edificio de Calatrava estará finalizado en verano de 2018. Los trabajos para subsanar los desperfectos, que pasan desde goteras, humedades hasta desperfectos en carpintería, están a cargo de la Unión de Empresas Temporal (UTE) que construyó el edificio y cuentan con el visto bueno del arquitecto valenciano.

El Consell destina 4,6 millones de euros a las obras del Ágora. El icónico edificio albergará un CaixaForum en 2020. La fundación bancaria destinará cinco millones al año al proyecto cultural del edificio de trencadís azul pero no pagará ningún canon por utilizar el inmueble público. La cesión del uso del edificio abarca un periodo de 50 años.

Durante 2018 la entidad catalana ha de elegir entre ocho proyectos de diversos estudios de arquitecturas para encargar cómo será la estructura interior del CaixaForum, que se convertirá en realidad dentro de dos años.

El 'reseteo' de los grandes proyectos culturales se completa, de momento, con un nuevo viraje para la Ciudad de la Luz de Alicante. La Generalitat promoverá en el complejo alicantino el 'Distrito Digital', que será el gran espacio de digitalización e inteligencia artificial de la economía valenciana. Este 'Distrito Digital' estará concebido, según dijo el president Ximo Puig el pasado septiembre, como un espacio que se centrará en el impulso de las ciudades inteligentes, la industria digital de la educación, la gamificación o el turismo digital.

El pasado año el Consell evitó la liquidación de los platós. Bruselas aceptó la dación en pago de la Ciudad de la Luz a la Generalitat, que asume a través de Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) la deuda (más de 230 millones de euros) de las instalaciones alicantinas. La autoridades europeas imponen unas condiciones a la Generalitat para aceptar tal operación: el uso de las instalaciones de la Ciudad de la Luz no podrá generar actividad económica en una década.