Cultura delega la restauración del Bellas Artes de Valencia al IVCR+i tras contratar a un profesional no cualificado

¿Qué dice la actual conselleria de Cultura, que gestiona el museo? «La convocatoria con sus criterios y requisitos es del gobierno anterior y está vigente. Desde la conselleria cumplimos con la normativa, no obstante, tenemos a personal del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (IVCR+i) realizando trabajos de restauración en el Bellas Artes cubriendo así las necesidades», detallan desde el departamento que dirige Vicente Barrera. Tras la contratación de personal no cualificado, será el IVCR+i (el antiguo IVACOR) quien «cubrirá las necesidades» de restauración en el museo, según vicepresidencia primera del Consell.

Un restaurador es un técnico cualificado con conocimientos de procesos específicos y materias concretas para recuperar obras de arte dañadas o delicadas. Su formación abarca desde la historia del arte hasta la química, pasando por la fotografía, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado o la museología. Este tipo de personal aborda con minuciosidad piezas irrepetibles y, en ocasiones, de alto valor, tanto artístico como patrimonial. Los técnicos de restauración se suelen cubrir con convocatorias como cuerpos específicos. Así lo hace el Estado para sus respectivas pinacotecas y la Junta de Andalucía para sus museos. Estas administraciones sí tienen contemplada la figura de funcionario púlblico para los restauradores, pero la Generalitat, como administración pública, no. Esta es una de las razones, pero no la única, que explica por qué el Museo de Bellas Artes de Valencia ha cubierto las plazas de restauración con personal no cualificado.

El Bellas Artes es de titularidad estatal y gestión autonómica. Los últimos restauradores que se sumaron a la plantilla del museo valenciano se incorporaron tras una convocatoria funcionarial del Estado, es decir, cuando el centro aún lo gestionaba el Gobierno central, como sucede con el González Martí. Aquellos profesionales se han ido jubilando hasta dejar el servicio sin restauradores.

Las plazas de restauración y conservación del Bellas Artes de Valencia se han cubierto a través de una convocatoria general de «administración cultural». La convocatoria, a cargo de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, se remonta a 2018. Como la Generalitat no tiene configurado un cuerpo específico de restauradores, recurre a «administración cultural» en la convocatoria pública. En concreto, se ha cubierto una plaza de restauración, otra de conservación y otra de didáctica del Bellas Artes. En la misma convocatoria se han asignado vacantes para la dirección general de Patrimonio o servicios centrales del Institut Valencià de la Joventud. ¿Por qué? Porque no se ofrecieron como puestos de personal cualificado sino de agentes culturales.

¿Por qué el Bellas Artes no puede contratar como el IVAM? Porque el museo que dirige Pablo González Tornel no es un órgano autónomo o de derecho público. Si lo fuera, tendría margen para contratar plantilla cualificada exigiendo titulaciones concretas a los cargos. El centro de Guillén de Castro forma parte del sector público instrumental, como también sucede con el IVACOR, es decir, son instituciones públicas pero desgajadas de la Administración.

IVAM e IVCR+i sí contratan a restauradores con convocatorias específicas para este perfil técnico porque tienen un régimen jurídico diferente al de Bellas Artes. La plantilla del museo valenciano depende de la Generalitat, no del propio centro que carece de figura autónoma. Si el Bellas Artes fuera una institución de derecho público, una reivindicación que ni el Ministerio ni la Generalitat satisfacen, tendría margen para contratar profesionales cualificados y a la altura de las plazas técnicas.

Una plantilla cualificada es una reivindicación histórica del Bellas Artes de Valencia, pero no la única. Son tres las urgencias del museo que dirige Pablo González: la autonomía del museo, el plan museológico y el embellecimiento del entorno de la pinacoteca. El Ministerio tiene que dar el visto bueno a la figura jurídica (consorcio, fundación o entidad de derecho público) que dote de independencia a la gestión del San Pío V. La autorización del Gobierno es imprescindible como titular del centro de arte, aunque tenga cedida la gestión museística a la Generalitat.

Sin satisfacer las reivindicaciones históricas del museo valenciano es muy difícil que el Bellas Artes logre hacer honor al apellido de «segunda» pinacoteca del país. Son demandas que partidos de colores diferentes, tanto en la Generalitat como en el Ministerio, no han resuelto desde hace varias legislaturas.