Cultura mantendrá a la directora del Ivacor procesada «hasta que la justicia hable»

«Hasta que la justicia hable». Esas fueron las palabras pronunciadas ayer por la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, a la pregunta de si la Conselleria de Cultura iba a mantener en el cargo a la actual directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), Gemma Contreras, después de conocerse que la Audiencia Provincial ha ordenado tanto su procesamiento como el de la anterior responsable de la entidad (conocida como Ivacor), Carmen Pérez, por supuestos delitos de malversación y prevaricación en el caso derivado por una denuncia por la restauración de unos libros antiguos del coleccionista Luis Caruana, a quien la Sala archiva la causa contra él.

Amoraga se negó ayer a valorar «un tema que está judicializado y hasta que no se declare la culpabilidad, las personas son inocentes de los delitos de los que se les acusa». Para la directora general, «la sentencia es la que nos indicará lo que tenemos que hacer». «Nosotros valoramos el magnífico trabajo que ha hecho Gemma Contreras al frente del Ivacor, tanto el suyo como el del instituto. Además, cuando se cometieron los hechos que se juzgan, ella no era responsable del Ivacor. Había un jefe de personal y una dirección. A fecha de hoy lo que valoramos es el trabajo que se realiza día a día en el instituto, que es uno de los más prestigiosos del mundo. No tomaremos ninguna decisión hasta que la justicia hable», afirmó la responsable de Cultura y Patrimonio.

Según el auto que avanzó ayer LAS PROVINCIAS, tanto Contreras como Pérez están abocadas a sentarse en el banquillo. La primera guardó ayer silencio del caso y se negó a hacer valoraciones de la decisión de la sala. Por su parte, Pérez, que fue cesada del Ivacor con el cambio de gobierno en la Generalitat en el año 2015, sí contestó ayer a las preguntas de este diario y afirmó que está tranquila porque no ha cometido «ningún delito». «El auto me parece un despropósito tremendo. No se ha cometido malversación ni ningún tipo de fraude. Es algo que no me explico. Pero yo confío en la justicia, estoy tranquila y no tengo ningún cargo de conciencia. No he hecho nada malo», manifestó Pérez sin querer entrar en valoraciones de cómo le afecta el procesamiento dictado por la Audiencia.

La Sala, en el nuevo auto, considera que de los doce ejemplares antiguos del coleccionista que se rehabilitaron en la institución, sólo dos fueron restaurados por el Ivacor, el resto, una decena, por dos profesionales externas que conforman la empresa Dicarta. Según el documento, tanto Pérez como Contreras «justificaron el llamamiento de personas o entidades ajenas a Ivacor para la ejecución de trabajos encargados a dicha entidad por la sobrecarga de trabajo que sufría la entidad». En este hecho, para la Audiencia, «se prescindió total y absolutamente de cualquier procedimiento». Pero además, en ese momento, el Ivacor «sólo facturó por la restauración de los dos primeros libros, no percibiendo cantidad alguna por los diez restantes». Según el auto Caruana los entregaba al Ivacor para su restauración. Además, una vez finalizado el proceso, los ejemplares eran devueltos por el instituto.

Por ello, concluye que la institución pública «destinó sus medios humanos y materiales al examen de los libros, a la evaluación y a la confección de un presupuesto (salvo para los libros 11 y 12)». En este sentido, ninguno de los volúmenes «salió de las dependencias del Ivacor y que todas las restauraciones se ejecutaron en sus locales». Para la Sala es claro que estos hechos «suponen un coste económico para el Ivacor en beneficio exclusivo de un particular que, como autoriza su ley constitutiva, debe ser facturado al beneficiario del mismo. Al no haberlo hecho, puede haberse cometido el delito de malversación», concluye el escrito.