Dolors Pedrós: «Con una presidencia más autoritaria posiblemente la deriva del CVC no estaría donde está»

Pedrós no niega la situación. Lo deja claro al afirmar que «en la deriva que ha entrado es bien difícil de controlar esto, y más desde mi posición, cuando empiezan diciéndote que no eres nadie y que no eres la presidenta». Pedrós está al frente del CVC en funciones desde que en agosto de 2022 falleciera el profesor Santiago Grisolía y ella asumiera el puesto con carácter provisional. Esta es una de las cuestiones que los críticos (consejeros designados por el PP) afean en tanto que no ha habido renovación pese a que el parlamento valenciano, quien tiene que designar a los miembros del CVC, cambió de signo tras las elecciones de 2023. Hay formaciones representadas en el Consell de Cultura que ya no se sientan en los escaños de las Corts.

La presidenta del CVC, aun cuando reconoce las circunstancias que rodean la gestión de la institución, a la pregunta cómo piensa desde la presidencia, poner freno a la deriva del CVC responde que tiene una manera «de gestionar muy horizontal, y creo en esa horizontalidad. Parece que este modelo no se compra por todos, pero es mi manera de hacer. Por eso no retiro palabras, dejo que se haga. Posiblemente con una presidencia más autoritaria la deriva no estaría donde está o sí».

Una de las circunstancias que el CVC tiene que afrontar es a su propia politización, hecho que no se pone en duda, pues incluso algunos de sus consejeros, como ya publicó LAS PROVINCIAS, lo reconocen. El CVC es «una institución política», mantiene Vicent Torrent (Compromís), al mismo tiempo que Xavier Aliaga (Unides Podem) considera que «todas las materias que tienen relación con la vida cultural y social, todas, tienen un componente político. Igual de político es aprobar un informe sobre el Santo Cáliz o la academia del tango que analizar leyes».

También Pedrós se pronuncia en torno a la posibilidad de que el CVC esté politizado, pero no aclara demasiado las cosas, más bien añade criterios que alimentan alguna de las tesis que mantienen los críticos. Dice la presidenta en funciones que lo que sucede es que «simplemente no se acepta que la composición del Consell actual no sea la del Parlamento valenciano». Y añade que «posiblemente no se acepta que el CVC no es ni una extensión del parlamento ni tiene las funciones del parlamento».

Llama la atención esta afirmación en la voz de Pedrós si se tiene en cuenta que la causa de las diferencias manifestadas en el último pleno se encuentra en la consideración por parte de los críticos de que abordar los informes sobre tres leyes en tramitación en sede legislativa era una «injerencia» en la función del Parlamento valenciano, órgano absolutamente independiente constituido a partir de la voluntad popular.

Sea como sea, lo cierto es que está pendiente la renovación del CVC, sus consejeros, según defiende la presidenta «son legítimos» en tanto que todavía no se ha cumplido el plazo establecido para su renovación. El presidente de la Generalitat en estos momentos a la «única que podría cambiar es a mí. El resto está dentro de los términos». Se eligieron en 2018, a los tres años se renovó el 50%, y ahora quedaría el resto y «pasaría por el Parlamento valenciano, mientras tanto aquí no hay nadie que sea ilegítimo, ni fuera de tal, ni que esté en funciones».

Todas estas afirmaciones llegan en momentos de máxima tensión. Este órgano consultivo está alineado a la izquierda, conforme a la composición de un parlamento que ya no responde a la actualidad, cuestión que genera no pocas críticas y que ahora ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el principal partido de la oposición para la renovación del CGPJ recobra actualidad.

El CVC es hoy una de las pocas plazas que le quedan al ya inexistente Gobierno del Botánico para hacer oír su voz ante iniciativas legislativas de unas Corts constituidas a partir de una mayoría del PP y Vox. El orden del día del último pleno del CVC lo certificó. La sesión incluía la votación de tres informes que cuestionaban las leyes de Concordia, Libertad Educativa y de À Punt, que se encuentran en trámite parlamentario. Cinco consejeros, los designados por el PP, abandonaron no sin antes señalar que consideraban una «injerencia» en la labor de les Corts pronunciarse sobre proposiciones de ley ya en trámite parlamentario. Incluso desde esta fila se afirmó que la situación llevaba a apartarse del «imperio de la Ley».