El exdirector del Centro del Carmen reclama casi 100.000 euros de indemnización por su cese

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Pérez Pont busca que su despido se declare improcedente y no nulo. Es más, en marzo de 2025 tendrá lugar el acto de conciliación entre las partes, el Consorcio de Museo y él mismo (junto a sus abogados), para llegar a un acuerdo. Sin embargo, cuando el pasado mes de noviembre, el departamento que tutela el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera, tras el consejo del Consorcio de Museos anunció el cese del responsable, la secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, a preguntas de este diario, aseguró que si no hubieran creído procedente el despido del gestor cultural, no lo hubieran llevado a cabo. Es más, Añó alegó que era «un cese disciplinario decidido tras comprobar la existencia de irregularidades y conocer en profundidad el funcionamiento y situación de los organismos públicos adscritos a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte».

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Cultura defendió en aquel momento que se había «comprobado que uno de los gerentes del sector público, en este caso Pérez Pont, acumulaba varios informes de intervención y auditoría desfavorables que se han sucedido de manera constante y reiterada». En concreto, Añó se refirió a los informes de la Sindicatura de Cuentas, la Intervención de la Generalitat y las firmas auditoras de apoyo. De igual modo, detalló que se habían detectado incumplimientos en la contratación de bienes y servicios y añadió uno de los hechos más polémicos durante la gestión de Pérez Pont al frente de la institución: la condena por daños al patrimonio (la referida al grafiti de más de mil metros cuadrados que se pintó en el claustro renacentista y que sentó al gestor cultural en el banquillo de los acusados). A ello se sumaba, según Cultura, el conflicto con la plantilla por la aprobación del consejo rector, en diciembre de 2017, de una RPT para sacar a concurso las plazas de los trabajadores del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana.

Pero Pérez Pont, cuando conoció su despido, ya anunció que se reservaba el derecho a a emprender acciones legales. En un acto multitudinario convocado para denunciar su cese en la misma puerta del Centro del Carmen, el ya exresponsable del organismo calificó de «ataque injusto» a su «honorabilidad y profesionalidad» lo sucedido y que sufría ya, tras la llegada a la Conselleria de Cultura de los nuevos responsables públicos tras el cambio de gobierno que dejaron las urnas el 28 de mayo, «injerencias políticas» en su gestión.

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Cultura mantiene que su cese fue procedente y para ello cuenta con esos informes que motivaron el despido. Pérez Pont, por su parte, no lo ve de esta manera y ha solicitado una indemnización. Habrá que esperar para conocer cómo soluciona el conflicto.