El Festival Pirata VIP prevé que la devolución de las entradas sea «inminente»

Por ello, esta mercantil ha asegurado a este diario que el retorno del dinero es «inminente» y vuelve a achacar el retraso a la aseguradora, que no ha realizado el pago para que Black Lotus SL pueda devolver el dinero a los afectados. Alegan que aún están esperando la contestación de la aseguradora, que hacen «dos y tres llamadas a la semana» para agilizar el proceso y que consideran que en breve podrán comenzar a retornar el importe de las localidades a los asistentes.

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En este sentido, preguntados sobre si no pueden utilizar el dinero que ingresan por la organización de otras citas como el Pirata Beach de Gandia o el Pirata Fallas, que se celebrará en los Jardines de Viveros el 8 de marzo, para evitar que los usuarios del Pirata VIP lleven cuatro meses esperando su dinero, afirman que ese montante es para pagar adelantos de los artistas y la logística de las otras citas que ellos impulsan.

«No podemos hacer más. Hemos respondido a todos los afectados y esperamos que sea inminente», han insistido desde la empresa. Una firma que también recibió quejas por no retornar el dinero de las entradas del Pirata Mallorca, una cita de música rap que debía haberse celebrado el pasado mes de septiembre.

En este sentido, Black Lotus SL se considera una «empresa pequeña que organiza festivales grandes» y asegura que son los primeros interesados en devolver el dinero. La empresa, que en 2024 ha recibido 100.000 euros en ayudas de la Generalitat Valencia, también ha sido señalada por no permitir el acceso de bebida y comida al Pirata Beach de Gandia y, además, la Inspección de Trabajo le denunció por encubrir relaciones laborales como voluntariado en su edición de 2023.

Desde la mercantil niegan que no se pueda acceder con comida y bebida a sus festivales, «lo que sí está prohibido es entrar alcohol», señalan, y afirman que en la lista de actividades que desempeñan también se encuentra la hostelería. Sobre la denuncia de la Inspección de Trabajo, hecha pública por el sindicato CNT, asumen que fue una «mala praxis» de la empresa aunque por desconocimiento y que se pagó el recargo para solucionar el problema.