La fiscal pide cinco años de cárcel a la directora del Ivacor por la restauración de los libros de Caruana

El ministerio fiscal ya ha presentado el escrito de calificación, donde reclama la apertura de juicio para las dos responsables por prevaricación y fraude a la administración en concurso medial con una malversación. Finalmente habrá juicio en una causa cuya instrucción no ha sido pacífica. El juez decretó en su día el archivo de las actuaciones, donde también figuraba como investigado Luis Caruana. La Audiencia, tras el recurso de la fiscalía, reaperturó las diligencias aunque únicamente para las dos dirigentes del organismo público.

El caso Ivacor analiza unos hechos que arrancan en 2011. Caruana, un conocido auditor y prestigioso coleccionista de libros, encargó al Ivacor la restauración de una docena de ejemplares de gran valor histórico y económico procedentes de su colección particular.

En aquel momento, Pérez era la máxima responsable de la institución y Contreras, la actual directora, ocupaba la jefatura del departamento de obra gráfica. Con el primer encargo, no hubo problema. Se facturaron y pagaron directamente al Ivacor. El importe era de 4.200 euros.

Las presuntas irregularidades comenzaron con el segundo lote, compuesto por cuatro ejemplares. En este grupo, tres de las piezas se habían entregado en la institución, tal y como consta en las actas de entrega que firma Carmen Pérez. Sin embargo, el importe de la restauración (6.000 euros más IVA) fue facturado por Dicarta, una empresa constituida por dos restauradoras que siguieron las indicaciones de la acusada Contreras, tal y como recoge en su escrito la acusación pública. La directora gerente tenía «pleno conocimiento» de esta operación.

El coleccionista abonó las restauraciones con cheques, algunos al portador y otros a nombre de las trabajadoras de Dicarta. En junio de 2012 se repite la misma operativa. Caruana entregó otros cuatro libros. El presupuesto, alrededor de 5.000 euros, fue firmado por las dos acusadas. Los ejemplares son recepcionados y devueltos en el propio Ivacor, según consta documentalmente. Sin embargo, las actuaciones fueron facturadas por las restauradoras y abonadas por Caruana con diferentes cheques. Llama la atención la fiscalía acerca de que las cantidades son inferiores a lo presupuestado inicialmente.

El último cometido, compuesto por dos libros, sigue la irregular operativa, aunque ahora aparece una novedad. Constan actas de entrega de Ivacor al taller de las restauradoras, aunque se utilizaron «las herramientas y medios» del instituto.

La acusación sostiene que las acusadas actuaron de esta forma, saltándose el procedimiento administrativo, para favorecer al coleccionista. No sé cuantificó la restauración conjunta para evitar la licitación si superaba los 18.000 euros. Pero, además, al hacerlo por separado, se evitó el procedimiento previsto de los contratos menores. También obligaron a las dos restauradoras a crear la sociedad bajo sospecha si querían seguir trabajando con el Ivacor. Y todo pese a que en el objeto de la mercantil no se contemplaba la actuación sobre los libros de Caruana.

Las dos restauradoras, que no se encuentran imputadas en este procedimiento, han desarrollado buena parte de su carrera laboral en Ivacor o Culturarts, con contratos mercantiles con un objeto determinado. «Pero no existe contrato que acredite que hayan sido contratadas para la restauración de estos libros». Es decir, carecían de una cobertura jurídica.

El Ivacor no ha recibido las cantidades presupuestadas en su día por la restauración de los ejemplares del famoso coleccionista. El perjuicio causado asciende a 12.600 euros. Ivacor está extinguido. Sus funciones fueron asumidas por el Institut Valencià de Cultura.