La fiscal quiere que un perito examine in situ las obras restauradas por el Ivacor

La Fiscalía sostiene que existen indicios para continuar la causa contra el prestigioso coleccionista Luis Caruana y las responsables del Instituto Valenciano de Restauración y Conservación (Ivacor), Carmen Pérez y la actual dirigente de la entidad, Gemma Contreras. De hecho, en el recurso ante el archivo de la causa, el ministerio público expone que los trabajos sobre una docena de ejemplares de elevado valor artístico fueron realizados sin expediente de contratación pese al criterio expuesto por el juez en el auto de sobreseimiento.

Además, como medidas adicionales en una hipotética reapertura reclama que una de las peritos que firma un informe exculpatorio realice un análisis in situ de las obras ya que el hecho de hacerlo a distancia -y sin alguno de los informes técnicos finales- impide aportar más exactitud a los trabajos. Otro de los objetivos es que una vez revise el material pueda pronunciarse con mayor certeza acerca de si el precio se ajusta al mercado.

También pretende que fruto de esa observación pueda hacer un cálculo de las horas de trabajo que se dedicaron a cada ejemplar. Sospecha la fiscalía del hecho de que en el libro de mayor esfuerzo se facturaran unas 55 horas cuando algunos ejemplares estuvieron en las instalaciones del instituto entre tres, cinco e incluso siete meses.

Aparte de mantener el procedimiento, la fiscal pide la formación de una pieza separada para analizar otras irregularidades que supuestamente han aparecido durante el desarrollo de estas pesquisas. En este sentido, quiere que se investigue la relación de dos de las restauradoras con el Ivacor porque, al parecer, facturaban de forma periódica al citado instituto, cantidades que rondaban los 200 euros. De aceptarse esta petición, la apertura de unas nuevas diligencias depararía la imputación de estas dos profesionales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Valencia también ha recurrido el auto de archivo. Conviene recordar que el instructor decretó el sobreseimiento libre de las actuaciones -algo poco habitual- y que en caso de que sea firme equivale al de una sentencia absolutoria.

El objeto principal de la denuncia eran las irregularidades en la restauración de doce libros antiguos con un valor considerable. Los trabajos costaron alrededor de 10.000 euros, pero los denunciantes sostenían que superaban los 100.000. Esa rebaja respondería a un supuesto trato de favor. El propio juez, en su auto, ya atacó la debilidad de las acusaciones al recoger que los hechos de la querella no se ajustarían a la realidad respecto a que los trabajos se realizaron de manera gratuita. La documentación aportada evidenciaba también que existía un presupuesto de la actuación y otro dato importante: que se ajustaba al precio de mercado. Ahora, el mismo instructor deberá pronunciarse respecto al escrito de la fiscalía y resolver si mantiene su tesis o reabre la causa.