Los otros frentes judiciales abiertos que atenazan la gestión cultural valenciana

Pero esta resolución, contra la que cabe recurso, no cierra el recorrido por las salas de Justicia que atenaza la gestión cultural valenciana, ya sea en ámbitos exclusivos de la Generalitat Valenciana -Caso Ivacor- o en otros donde participa el Ayuntamiento de la capital del Turia. El 1 de diciembre de 2021 el titular de Instrucción 4 de Valencia dictó el auto de apertura de juicio en el caso Ivacor, el hallazgo de graves irregularidades en la restauración de los libros de un coleccionista. Como ya informó este diario, esta causa sentará en el banquillo a Gemma Contreras, la directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i) mientras que Contreras sigue en su puesto, camino que también se va a tomar en el caso de Pérez Pont a juzgar por las declaraciones realizadas por la Conselleria de Cultura tras conocerse la condena por el grafiti que se pintó en el claustro del antiguo convento del Carmen.

En el asunto del Ivacor también está investigada la antecesora de Contreras en la dirección del instituto, Carmen Pérez, quien era la responsable del ente de restauración cuando se produjeron los hechos. Tanto Contreras como Pérez y su gestión, han contado con la defensa en varias ocasiones de la dirección general de Cultura y Patrimonio, cuya responsable es Carmen Amoraga.

En el asunto del Instituto Valenciano de Restauración se da otra circunstancia que cuestiona la idoneidad de la persona que se sitúa al frente de la institución. El juicio se abrió por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, es decir, la sustracción o desvío de caudales públicos a intereses privados. Se trata de un ilícito suficientemente grave para comprometer el día a día de un cargo con atribuciones de la naturaleza de este. El auto de apertura de juicio recogía que será la Audiencia el órgano encargado del enjuiciamiento.

Un tercer caso que se circunscribe al ámbito de la gestión cultural es el que afecta director general del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, investigado por presunta prevaricación por el concurso para instalar un escenario fijo en la zona de La Marina. El Consorcio Valencia 2007, -que acaba de iniciar su liquidación- ha contado desde sus inicios con participación del estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

Llorens se vio involucrado en el procedimiento después de que una de las dos empresas que se personaron en la licitación se querellara contra él. Por el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ya han pasado las partes afectadas a prestar declaración.

Y la semana pasada, sin ir más lejos, este periódico informó de que un acta notarial rebate la versión del director del Consorcio ante la juez por el mencionado escenario de la Marina. La versión del director general del Consorcio 2007, Vicent Llorens, mostró que chocaba frontalmente con la de la empresa que interpuso la querella, que incluso presentó un acta notarial para desmontar la versión oficial. Llorens mantenía que se dieron a una empresa 517 metros cuadrados para acopio pero el informe revela que fueron de 15.000.

Una cuestión más que está a la espera de pronunciamiento judicial en el ámbito de gestión de espacios para actividad cultural desde el ámbito de una entidad en la que participan tanto el gobierno autonómico como el municipal.

En el caso de estos tres altos cargos de los gobiernos del Botánico y el Rialto, ninguno de los afectados ha mostrado hasta el momento intención de abandonar el cargo, independientemente de las razones que les han conducido hasta los tribunales y que en el caso del Centro del Carmen ya se trata de un asunto juzgado con resultado de condena para el director del espacio cultural.