La gestión del Palau de les Arts, a juicio

El juicio del caso Palau es el primer plato judicial del año. El supuesto saqueo del coliseo de Les Arts, sin embargo, no se puede calificar como un caso más de corrupción en la Comunitat. O al menos no sin resaltar algunas particularidades. Cierto que los hechos se remontan a una etapa significada de forma especialmente grave por la sucesión de casos de malversación en la Administración valenciana, pero guarda cierta distancia con Emarsa, Gurtel, Avialsa, Brugal o Cooperación. Fundamentalmente por el hecho de que no hay políticos implicados y, además, afecta a un ámbito algo elitista que, al margen del caso del Palau de la Música Catalana, había estado exento de escándalos.

La principal protagonista es Helga Schmidt, la exintendente del Palau de les Arts durante 15 años, justo hasta el día que fue detenida en la habitación de hotel donde residía. La misma jornada en la que el auditorio era tomado por la Policía Nacional y un helicóptero sobrevolaba el edificio operístico, un dispositivo criticado en su día por su excesiva espectacularidad y discutida proporcionalidad.

Schmidt, asesora musical del Covent Garden de Londres y exdirectora del festival Mayo Musical Florentino, nunca imaginó este final de su exitosa carrera artística cuando precisamente fue Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y hoy en prisión preventiva por el caso Erial, quien negoció su fichaje para la Comunitat. Eran los tiempos de crecimiento exponencial de la imagen valenciana. Durante la instrucción, que ha durado cerca de tres años, Schmidt ha pasado buena parte fuera de España. Su estado de salud es delicado desde hace tiempo. La jueza -el primero de los instructores se apartó por amistad con uno de los investigados- rechazó devolverle el pasaporte para que no saliera de Europa hacia algún país poco colaborador con la Justicia. Al principio, Schmidt se sinceró en alguna entrevista. «Me iba a ir con una medalla y un concierto y me echaron con un registro policial», lamentaba en estas páginas.

El juicio que arranca esta semana será, sin duda, uno de los peores tragos de su carrera. Desde el primer momento ha defendido la legalidad de su actuación. Pero durante la instrucción de la causa optó por acogerse a su derecho a guardar silencio. Cuando finalmente quiso declarar, el asunto estaba finiquitado. Ahora tendrá la oportunidad de defenderse porque la petición de Anticorrupción, de siete años de cárcel, es lo suficientemente grave como para arruinar toda una trayectoria. En su escrito de defensa, la experta argumentó que la idea de externalizar los patrocinios partió del Patronato de les Arts, compuesto por miembros del Consell y que la exconsellera de Cultura, Trini Miró, era conocedora de los contratos.

Las vistas comienzan el martes, pero no se descarta un aplazamiento. Es más, casi se da por hecho. El abogado de la exintendente renunció a su defensa justo antes de las vacaciones de Navidad por problemas de salud. La Audiencia aceptó la renuncia -podía haberse negado si considerara que se trata de una estrategia dilatoria- y ordenó a la exintendente que designara un nuevo letrado, trámite que completó esta misma semana. Este profesional ya ha planteado la suspensión de la vista en un escrito presentado el pasado viernes, tal y como informó LAS PROVINCIAS. Apenas lleva una semana junto a Schmidt, un tiempo muy escaso para armar una defensa con garantías en una causa que acumula cerca de 100 tomos.

La petición podía formularla también durante las cuestiones previas, el próximo martes. La Audiencia, no obstante, aclaró el pasado viernes que lo resolverá todo en la primera sesión del juicio. La Sala, para cubrirse de cara a cualquier nulidad posterior, decretará el aplazamiento salvo sorpresa mayúscula. Al margen del tiempo para que el letrado se instruya, se suma la dificultad de encontrar un nuevo hueco en los señalamientos de la sección segunda de la Audiencia. La demora podría alcanzar varios meses.

El gráfico que acompaña esta información describe la operativa del supuesto saqueo en las cuentas del Palau. Básicamente consiste en la externalización de servicios, como por ejemplo la búsqueda de patrocinios. En este sentido se crea una sociedad -Helga figura como consejera cuando tenía incompatibilidad- para captar dinero de grandes firmas. La fiscalía sostiene que ya existía un departamento en Les Arts con esta función. La nueva mercantil generó más de 500.000 euros en comisiones pero, al parecer, sólo ingresaron 42.000 euros, dinero que reclama la fiscalía. Algo similar ocurre con la organización del festival Viva Europa. La firma, dirigida también por Patrocini, recibe más de 300.000 euros sin justificar, según consta en la causa. Diferente es el caso de Radcliffe. La sociedad, que gestionó la impresión de los libretos de la ópera o de unas postales para la Fórmula 1, se interpone en la cadena de contratación y obtiene un beneficio sin aparente actividad, siempre según las conclusiones del ministerio público.

En toda la operativa participó de forma decisiva Ernesto Moreno, que se enfrenta a ocho años de cárcel, la mayor pena de prisión en este asunto. El acusado fue subdirector de gestión de CulturArts y director general de RTVV tras su paso por el palau. Anticorrupción sostiene que conocía y participó en el fraude.

Este caso nace, en realidad, del conocido como informe Diógenes, un dosier elaborado por un funcionario de la entidad cultural -al principio se ignoraba su identidad- que al percatarse de las irregularidades las comunicó a diferentes responsables. Entre ellos, la propia Helga. Este expediente que más tarde terminó en manos de la Intervención de la Generalitat sirvió de base incriminatoria para los ahora procesados.

El atento funcionario, de hecho, será el primero en comparecer en caso de que la vista arranque definitivamente el martes. Los acusados declararán al final del proceso cuando hayan testificado los testigos y peritos y conozcan qué han dicho exactamente sobre los hechos. Se trata de un privilegio que suele conceder la sección Segunda de la Audiencia de Valencia -no el resto- pese a que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra.

Por parte del ministerio público ejercerá la acusación Vicente Torres. Uno de los tres fiscales Anticorrupción de Valencia que ya logró la condena del exconseller Rafael Blasco por desviar dinero destinado a los países del Tercer Mundo y que en las últimas semanas ha visto cómo la juez rechaza su tesis de que Francisco Camps delinquió en la organización de la Fórmula 1. No será este juicio el único que previsiblemente afronte este año donde también le espera la vista contra Alfonso Grau por recibir relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento y la parte final del caso Cooperación. Todas las partes, salvo la acusación popular de las ONG's, han mostrado su voluntad para llegar a un acuerdo. Pero el pacto no se materializa.