El juicio por la compra de las obras de Gerardo Rueda finalizó este martes con la sensación de una enorme incertidumbre sobre el resultado de la sentencia. Los informes de las acusaciones plantearon un escenario de irregularidades en el IVAM para acometer la compra de obras del hijo del artista a un precio desproporcionado para tratarse de piezas post mortem en las que el escultor no tuvo ninguna participación. El relato de la Anticorrupción, la Generalitat y la acusación popular de Acción Cívica resulta sólido.
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La defensa de Císcar, en cambio, cree que las acusaciones presentan un regalo «muy bien envuelto» pero cuando lo abres «no hay nada», señaló como símil de la falta de contundencia. El letrado aseguró que la ejecución de la reproducción de la obra de Rueda «es legal» y no se establecen límites en la ley sino que las acusaciones los fundamentan en «códigos éticos». Sin embargo, nadie discute que el heredero pueda hacer lo que considere. El quid está en que un museo público se lo compre.
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Otra de las cuestiones consistió en la «autenticidad» de las piezas adquiridas por el IVAM. En un caso hipotético, «habría que demostrar que Consuelo Ciscar tenía el conocimiento de que estaba adquiriendo reproducciones y decidió ocultar deliberadamente ese dato al museo y al resto del Consejo Rector», planteó al tribunal.
Defendió que se siguió el procedimiento administrativo para la adquisición. Además, había presupuesto disponible y «todo el dinero» salió de la partida destinada a este cometido. Repartió responsabilidades a otros técnicos del museo, y restó importancia a la comisión de adquisiciones, un órgano «sobredimensionado».
El abogado admitió que no hay unanimidad respecto al precio. Si parece claro, según apuntó, que el precio de las piezas post mortem debe ser inferior a las efectuadas en vida. El IVAM pagó cerca de 3,5 millones de euros por toda la colección. «Pongamos por caso que eso vale cero euros», indicó en un ejercicio teórico. «Pero es que no tenemos en cuenta la obra donada». Esto se valora entre 1,6 millones y cinco millones, según diferentes peritos. «¿Dónde está el perjuicio?», se preguntó para tirar por tierra la malversación. Todo es «una burbuja». «¿Arriesgó Císcar su prestigio y libertad para beneficiar al hijo de un artista?». No parece lógico, según el criterio del letrado. «¿No lo sería más que comprara las obras al estar convencida de su valor y de la proyección para el museo?».
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Císcar hizo uso del derecho a su última palabra: «He permanecido estoicamente ante un linchamiento mediático de una polémica creada artificialmente y, lo que es peor, incomprensible y superada en el mundo del arte». Aprovechó el auditorio para hacer algo de propaganda. «Me siento muy orgullosa de haber contribuido a uno de los periodos más brillantes del IVAM en mis 10 años de dirección».
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El letrado de otro de los acusados, Juan Carlos Lledó, apreció «malicia» en las acusaciones y desvinculó a su patrocinado. «Se sienta aquí por ser el director financiero, no por su participación. No pone los precios, no redacta el contrato ni lo firma y no conforma la factura. No ha tenido nada que ver», resumió.
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La defensa de José Luis Rueda, por su parte, indicó que este caso es una burbuja que se ha pinchado durante el juicio. Lamentó el «poco rigor» de las acusaciones y criticó a la fiscal porque «no le ha importado nada saber la verdad y ha puesto en duda todo lo practicado». Su cliente también se dirigió «indignado» al tribunal para cerrar la vista. «No necesitaba el IVAM» porque su padre ha hecho 600 exposiciones en el mundo. «No he cometido ningún delito». Todo está en manos ya de los magistrados.
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