El juez archiva la investigación a Caruana y a la exjefa del Ivacor por la restauración de libros

No hay caso Ivacor. El juez ha cerrado la investigación contra la exdirectora del Instituto Valenciano de Restauración y Conservación (Ivacor), Carmen Pérez y la actual responsable de la entidad, Gemma Contreras, por la restauración de libros al conocido coleccionista Luis Caruana. La denuncia fue presentada en su día en la Fiscalía por la Confederación General del Trabajo (CGT). La responsable del ministerio público derivó el asunto al juzgado. Comenzaron entonces las sospechas sobre un supuesto trato de favor del prestigioso instituto al propietario de las piezas, hermano del exgobernador del Banco de España.

Luis Caruana, dueño de una de las bibliotecas privadas más importantes de España, declaró hace dos años a LAS PROVINCIAS: «Todos los trabajos de restauración fueron facturados y pagados. Estoy tranquilo y tengo toda la documentación». Dos años y medio más tarde, tras una exhaustiva instrucción por parte del juzgado y con el aval de diferentes informes periciales, el juez ha dado carpetazo al asunto. Se trata, además, de un sobreseimiento libre -algo muy poco frecuente en una investigación judicial- y que equivaldría a una sentencia absolutoria si la resolución fuera firme. En ese caso, la causa no se podría reabrir. El juez, en definitiva, ha considerado que no existen indicios delictivos en la actuación de las dos responsables y el coleccionista.

Las pesquisas presentaban, de inicio, escaso recorrido. El objeto principal era la restauración de doce libros antiguos con un valor considerable, según la denuncia, sin presupuesto ni contraprestación económica. El propio juez, en un auto, ya dejaba entrever la debilidad de las acusaciones, al recoger que los hechos de la querella no se ajustarían a la realidad respecto a que los trabajos se realizaron de manera gratuita, de acuerdo a la documentación que presentó el propio Caruana. Este material evidenciaba también que existía un presupuesto de la actuación y otro dato importante: que se ajustaba al precio de mercado. Pero el magistrado optó por completar el resto de diligencias que solicitaba la fiscal, como testificales e informes periciales.

El sindicato denunciante mantenía que el coste de los trabajos, alrededor de 10.000 euros, en realidad tenían un coste de más de 100.000 euros. Desde la CGT se denunció también que los contratos laborales de obra o servicio para realizar estas restauraciones fueron formalizados por la entonces directora sin mediar procedimiento selectivo alguno. Todas estas irregularidades han quedado descartadas tras la decisión del juez. Ahora, la decisión de una posible reapertura está en manos de la fiscalía.