La jueza del IVAM embarga a Císcar dos pisos en Artes Gráficas y propiedades en Picanya y Benicàssim valoradas en 1,7 millones

La jueza ya ha embargado propiedades por valor de seis millones de euros a los tres investigados del IVAM para que respondan en caso de una hipotética condena por la compra de obras de Gerardo Rueda como si fueran auténticas.

La exdirectora del recinto cultural, Consuelo Císcar, acumula un amplio patrimonio. El juzgado comunicó ayer el importe de los bienes que tiene trabados a la espera de la celebración del juicio. Estas propiedades no se pueden vender, aunque puede seguir haciendo uso de ellas. La exdirigente tiene dos pisos en Artes Gráficas, muy próximos a las universidades, valorados cada uno en más de 360.000 euros.

Además, dispone de una finca completa en Picanya de más de 800.000 euros. El paquete de bienes se completa con otro piso en Benicàssim, de unos 160.000 euros. La jueza aclara que todavía falta por tasar una finca. Pero con lo anterior, la cantidad total embargada es de 1,7 millones de euros. Sin embargo, esta cifra no es suficiente para lo que se le reclamó en su día. Así, la instructora ha ordenado a la exdirectora que comunique más bienes al juzgado para continuar con los embargos.

No es, sin embargo, la persona más acaudalada de esta causa. Destaca especialmente el patrimonio del hijo de Gerardo Rueda a quien se le han bloqueado más de cuatro millones de euros en bienes. El heredero del artista mantiene bienes en varios municipios, aunque lo más valioso se concentra en la capital de España. Sólo una de sus propiedades alcanza 1,7 millones de euros. En su caso sí que se acuerda que es solvente con ese patrimonio para hacer frente a una hipotética responsabilidad. Por último, el que fuera mano derecha de Císcar en el museo, el encargado de las finanzas del recinto, Juan Carlos Lledó, también está investigado en este asunto. La jueza le ha bloqueado unos 300.000 euros. La suma de todas estas cantidades permitiría, de entrada, cubrir una supuesta responsabilidad, que las acusaciones calculan en unos cuatro millones de euros.

El auto de procesamiento relataba «el fraude cometido por la cúpula del IVAM» para la adquisición de 58 obras de arte de «reproducciones póstumas a sabiendas de que lo eran». El montante total ronda los cuatro millones de euros. En esta cifra se incluye el importe de la adquisición, el pago de la fundición y otras actividades para promocionar el supuesto legado del artista. Y es que el fraude se «cubrió y se extendió» por una promoción indebida de algunas de esas reproducciones a través de exposiciones organizadas por el IVAM, según mantiene la instructora.

La causa se ha demorado debido a unos problemas técnicos que obligaron a suspender los plazos. La declaración de Juan Carlos Lledó se ha repetido esta misma semana por un error en la grabación de su primera comparecencia. El dirigente admitió que Rueda actuaba de esa forma en las exposiciones -se entrometía en las propias atribuciones del museo– porque contaba con el aval de la directora.

El auto de la jueza también se refiere al papel de la comisión de adquisiciones. La instructora sostiene que existen datos en la causa de los que se deduce la posible manipulación o inexistencia de las sesiones celebradas para la adquisición de las obras. Por ejemplo, algunos de los firmantes no asistieron. Así lo han admitido Raquel Gutiérrez o Josep Salvador, por citar algunos ejemplos.

No es la única investigación abierta contra la exdirectora Císcar y su núcleo de colaboradores. Existe otra pieza separada en la que se analizan los supuestos amaños de contratos en la institución y el uso de fondos públicos y proveedores del museo para promocionar la carrera del hijo de la directora y Rafael Blasco, Rablaci. Esta causa está todavía en instrucción. Toda la investigación alrededor de la familia Blasco partió de un anónimo que llegó a la Fiscalía Anticorrupción.