La directora del IVACOR, Gemma Contreras, rechaza su responsabilidad en el caso de la restauración de libros antiguos

Ha empezado el juicio por el caso del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (Ivacor). La actual directora del instituto, Gemma Conteras, y su predecesora en el cargo, Carmen Pérez, se han sentado este martes ante el juez. La Fiscalía solicita cinco años de cárcel a la actual directora, así como a Carmen Pérez, por la restauración de libros antiguos propiedad de un conocido bibliófilo con medios del instituto pero facturados y cobrados por una empresa externa. Una y otra con sus declaraciones han derivado la responsabilidad a otros. Carmen Pérez, en una declaración sembrada de cuestiones que no recordaba, a Contreras y ésta a los servicios jurídicos del instituto. Presuntos delitos de malversación y prevaricación fundamentan la acusación.

Este asunto ha vuelto a sacar a la luz que la Conselleria de Cultura, un departamento del gobierno autonómico donde no existen las líneas rojas. Tanto si hay sentencia condenatoria sobre alguno de sus cargos públicos (como la multa al director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, por daños al patrimonio por el graffiti de Pichiavo) como si hay un proceso judicial abierto, como el que ahora sienta a la directora del Ivacor en el banquillo de los acusados, no tiene consecuencias internas.

Ni en uno ni en otro caso los protagonistas de estos asuntos han renunciado a sus responsabilidades, ni han sido cesados. La conselleria que dirige Raquel Tamarit no se inmuta ante los pasos que da la Justicia, ante los mazazos judiciales. Es un hecho que llama la atención en tanto que quienes hoy protagonizan el escenario de la gestión pública cuando fueron oposición exigían la responsabilidad política de los cargos públicos incluso antes de que llegaran las imputaciones.

Durante la primera jornada del juicio, Carmen Pérez ha declarado desconocer que los libros habían salido del Ivacor para ser restauradoras en el taller de la sociedad privada Dicarta. Igualmente ha trasladado el desconocimiento de que se asignara el trabajo a la sociedad. y ha derivado la atención a Gemma Contreras al señalar en distintas ocasiones que «confiaba» en ella en decisiones que afectaban a la restauración de libros, en tanto que no es especialista en este ámbito. En cuanto a la posibilidad de que hubiera un plan previo para que los libros se restauraran por este servicio, ha descartado la posibilidad de que fuera de esa manera, como también ha asegurado desconocer que eran una docena los libros que se iban a restaurar.

Ha surgido entonces en el interrogatorio una de las claves del juicio que es la que hace referencia a la posibilidad de que se fraccionaran contratos. Carmen Pérez ha defendido que «en ningún momento me dijeron que iba a exceder» la cantidad para tener que llegar a la licitación pública. Pérez en todo momento ha mantenido que desconocía que fueran doce libros.

Por su parte Gemma Contreras ha reconocido que fue ella quien realizó los presupuestos para restaurar los volúmenes, si bien ha puntualizado que las piezas llegaron de manera escalonada, de ahí que, según las declaraciones de la hoy directora del Ivacor, no se presupuestaron de manera conjunta. Contreras ha puntualizado que el resultado de la intervención de los dos primeros libros debió satisfacer su demanda empujándole a nuevos encargos. Con ello, ha respondido a las preguntas interesadas en conocer las razones de que la fecha de los presupuestos fuera anterior a la de los encargos.

Contreras ha derivado responsabilidad a las áreas gestión y de servicios jurídicos, además de asegurar que se recurrió a un servicio externo de restauración ante la sugerencia de sus superiores de indicar a las colaboradoras del instituto que «era mejor que crearan empresas». La actual directora del Ivacor ha insistido en que «hago los presupuestos que me dicen que haga», afirmación que dirigía la mirada a sus superiores.

El primer día de juicio, que se ha extendido a unas cuatro horas, ha arrancado con el riesgo de suspensión dado que una de las testigos no ha sido localizada. La solicitud de suspensión no ha sido admitida por el juez. Sí que se ha pospuesto, dada la dilación de la sesión, la declaración de los testigos. Esta mañana sólo ha declarado Luis Caruana, el propietario de los libros que se restauraron.

Así el único testigo que hoy ha prestado declaración ha explicado que aceptó la propuesta del Ivacor de que la restauración la realizaran personas externas al instituto, una decisión que según le informaron se adoptó por el exceso de trabajo del centro y la situación de crisis económica. Caruana ha negado la existencia de «un plan diseñado» para llevar a cabo la restauración de sus libros. Ha puntualizado que la llegada escalonada de los volúmenes se debía a que él los iba llevando a restaurar «en función de mi disponibilidad económica».

El caso Ivacor analiza unos hechos que arrancan en 2011. Caruana, un conocido auditor y prestigioso coleccionista de libros, encargó al Ivacor la restauración de una docena de ejemplares de gran valor histórico y económico procedentes de su colección particular.

En aquel momento, Pérez era la máxima responsable de la institución y Contreras, la actual directora, ocupaba la jefatura del departamento de obra gráfica. Con el primer encargo, no hubo problema. Se facturaron y pagaron directamente al Ivacor. El importe era de 4.200 euros.

Las presuntas irregularidades comenzaron con el segundo lote, compuesto por cuatro ejemplares. En este grupo, tres de las piezas se habían entregado en la institución, tal y como consta en las actas de entrega que firma Carmen Pérez. Sin embargo, el importe de la restauración (6.000 euros más IVA) fue facturado por Dicarta, una empresa constituida por dos restauradoras que siguieron las indicaciones de la acusada Contreras, tal y como recoge en su escrito la acusación pública.

El coleccionista abonó las restauraciones con cheques, algunos al portador y otros a nombre de las trabajadoras de Dicarta. En junio de 2012 se repite la misma operativa. Caruana entregó otros cuatro libros. El presupuesto, alrededor de 5.000 euros, fue firmado por las dos acusadas. Los ejemplares son recepcionados y devueltos en el propio Ivacor, según consta documentalmente. Sin embargo, las actuaciones fueron facturadas por las restauradoras y abonadas por Caruana con diferentes cheques. Llama la atención la fiscalía acerca de que las cantidades son inferiores a lo presupuestado inicialmente.

El último cometido, compuesto por dos libros, sigue la irregular operativa, aunque ahora aparece una novedad. Constan actas de entrega de Ivacor al taller de las restauradoras, aunque se utilizaron «las herramientas y medios» del instituto. La acusación sostiene que las acusadas actuaron de esta forma, saltándose el procedimiento administrativo, para favorecer al coleccionista. No sé cuantificó la restauración conjunta para evitar la licitación si superaba los 18.000 euros.

• Temas
• Juicios
• Dolores Redondo
• Patrimonio histórico
• Cultura valenciana