Más de la mitad de las bibliotecas públicas de Valencia incumplen la ley por falta de recursos y personal

Ni con los recursos personales ni con la cualificación necesaria para estos trabajadores públicos, tampoco cumplen con los recursos materiales y funciones que se deben realizar. Más de la mitad de las bibliotecas valencianas incumplen la ley autonómica. En la Comunitat un 65% de los centros de lectura carecen de servicios y medios obligatorios. Los bibliotecarios y documentalistas denuncian un «incumplimiento enquistado» de esta norma que tiene más de una década de vigencia.

Según esta ley autonómica 4/2011 de Bibliotecas Públicas, los centros públicos deben garantizar y disponer de una serie de recursos de marena obligada. Sin embargo un informe elaborado por el Colegio de Bibliotecarios de la Comunitat ha detectado carencias e incumplimientos de una norma vigente más de diez años.

En relación con el personal, la ley indica que las bibliotecas de centros urbanos y de más de 25.000 habitantes deberán contar en la plantilla de la corporación como mínimo con una plaza de facultativo de bibliotecas y dos plazas de auxiliares.

Pero los bibliotecarios consideran que el personal marcado es insuficiente para cubrir con el horario de apertura al público. Estiman que debería ser casi el doble. La ausencia de personal auxiliar lleva a muchas de estas bibliotecas a convertir al técnico en un «dependiente» de préstamos, dicen, obviando las tareas que le son propias.

Es una de las conclusiones del informe 'Personal de centros de lectura pública municipales de la Comunitat Valenciana', con el que han querido poner el foco en estos centros. Para los bibliotecarios y documentalistas son «la garantía del acceso igualitario a la información y de servicios de calidad para la ciudadanía».

A través de una encuesta entre los trabajadores de los centros de lectura públicos valencianos se ha detectado este incumplimiento que se refiere tanto a recursos y cualificación del personal como a recursos materiales y funciones que se realizan en las bibliotecas.

El Colegio hace hincapié en el incumplimiento pero también aportando y proponiendo soluciones. De hecho, el informe nace con «la vocación de servir como herramienta técnica para que la administración pública local pueda avanzar hacia el cumplimiento de la normativa ofertando plazas adecuadas a las necesidades de este servicio público y exigiendo, exactamente, los conocimientos que deberían tener».

Por ello, el informe incluye una propuesta de temario para las tres categorías de la plantilla con las que, según explican, debería contar una biblioteca pública.

Desde el colegio han advertido de que no solo no se cumple la ley actual sino que esta «es insuficiente pues deja fuera de la obligatoriedad de prestar este servicio a los municipios de menos de 5.000 habitantes». En la práctica, esto supone dejar al 8,9 % de la población de la Comunitat sin un recurso que debería ser el motor cultural de una colectividad como es un municipio.

Además de la propuesta de personal mínimo indispensable y su formación para atender los centros de los municipios valencianos en función de su población, en el informe también se recoge la propuesta del Colegio de Bibliotecarios para «un modelo de biblioteca mucho más adaptado al siglo XXI».

La propuesta que implica entender estos centros como dinamizadores, centros sociales que vayan más allá del fomento lector, un espacio desde el que lidiar con las desigualdades. Un lugar donde los profesionales tuvieran capacidades para gestionar tanto el catálogo como los medios de difusión (desde página web hasta redes sociales), comisariar exposiciones bibliográficas, catalogar fondos y gestionar posibles mecenazgos.

Sin olvidar, recuerdan los bibliotecarios, la capacidad que pueden tener las bibliotecas en la gestión emocional y en la cohesión social, con un papel importantísimo, también, en la lucha contra la desinformación y las fakenews.

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