«Como entidades representativas del sector queremos una ley que dote a nuestro sector productivo de recursos suficientes para ser sostenible y proporcionar puestos de trabajo de calidad para quienes hacen posible que haya contenidos audiovisuales rodados y producidos aquí». Con esta afirmación se inicia el comunicado que distintas asociaciones valencianos lanzan contra la ley del Audiovisual que va a aprobar el Gobierno de España próximamente. Es más, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, anunció ayer que un primer texto de la «necesaria y esencial», dijo, revisión de la Ley del Cine llegará al Consejo de Ministros en la primera quincena del próximo mes de febrero. «Hay que adaptar la norma actual a la nueva realidad del sector audiovisual, creando un marco normativo moderno y duradero, que abarque la diversidad y riqueza de la creación audiovisual, y no solo cinematográfica», explicó Iceta durante su comparecencia a petición propia en el Senado.
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No obstante, entidades como la Asociación Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana y Actors i Actrius Professionals Valencians, junto a otras asociaciones españolas, han asegurado que «consideramos que esta propuesta de ley tiene que seguir en la agenda política». «Aunque con la aprobación de los presupuestos se haya encontrado una solución en la cuestión de las lenguas cooficiales en las producciones audiovisuales, sigue sin profundizarse en la sostenibilidad de nuestro tejido productivo y, en consecuencia, en las mejoras que se podrían conseguir en las condiciones laborales de quienes hacen posible el sector del audiovisual», han afirmado.
Pero se han mostrado críticos con la legislación. «Creemos que la propuesta de ley del Gobierno se limita a un 5% de aportación (artículo 117), por bajo incluso de la aportación porcentual de las cadenas públicas (artículo 116), mientras que países de nuestro entorno, con mercados audiovisuales comparables al nuestro, establecen aportaciones de un 20-25%. Fijar una aportación acorde al menos, a la que paga cualquier productor independiente sobre los ingresos obtenidos, es una pretensión justa hacia quienes crean cultura audiovisual dando trabajo aquí», han defendido.
«Porque con una producción propia dotada de recursos suficientes podremos reivindicar mejores salarios para nuestros intérpretes, dobladores y técnicos del audiovisual», han asegurado en el comunicado.
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