La opacidad tiñe el Instituto de Restauración

El Institut Valencià de Conservació, Restauració e Investigación (IVCR+i), que se financia con presupuesto de la Generalitat, carece de portal de transparencia, circunstancia que no permite conocer detalles sobre su actividad ligada a la restauración de patrimonio. No es este el único signo opaco de la institución. Esta misma semana ha presentado el resultado de la restauración de la predela del retablo del Centenar de la Ploma sin que desde la dirección general de Patrimonio se diera a conocer a cuánto asciende la inversión realizada.

A diferencia de otras instituciones culturales valencianas, que sí disponen de portal de transparencia al que se puede acceder desde sus páginas digitales, el IVCR+i, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, no dispone de esta prestación. Así el IVAM, por ejemplo, cuenta con un apartado en su web el que se puede consultar el presupuesto del centro de arte. En el caso del Consorcio de Museos también se pude acceder al espacio portal de transparencia donde se encuentran datos relativos a la actividad del espacio.

La situación con respecto al IVCR+i es bien distinta. Ni siquiera aparece una web en la que pudiera encontrarse un acceso al servicio de transparencia del instituto dedicado a la conservación y recuperación del patrimonio, algo a lo que están obligados a disponer los organismos dependientes de la Generalitat.

A la ausencia de este canal destinado a conceder transparencia a las acciones de las instituciones públicas se añade el hecho de que la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, haya manifestado esta misma semana que facilitar el coste de una restauración como la de la de la predela del retablo del Centenar de la Ploma «ni se puede ni es necesario».

La directora general de Patrimonio dejó sin explicar a los valencianos la repercusión económica de un trabajo que ha requerido inversión de tiempo por parte de los expertos, los materiales utilizados, el uso de tecnología, así como el coste de los viajes que ha sido necesario realizar a Londres que para gestionar la llegada a Valencia de la predela, puesto que la pieza pertenece al Victoria & Albert Museum. La directora general puntualizó que la restauración no se ha «planteado en término de gasto, sino de inversión» y ante la pregunta de a cuánto ha ascendido la inversión, Amoraga tampoco ofreció una cifra, mantuvo que «no la ha contabilizado».

La respuesta que ofreció la responsable del área llama la atención, dado que, según la información aportada por la propia Conselleria de Cultura, se da la circunstancia de que el IVCR+i dispone de un listado de precios de los servicios que presta. El mismo, según la información de la dirección general de Patrimonio, se elaboró a partir de los que disponían otras instituciones similares como el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Centre de Restauración de Béns Mobles de Catalunya o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Ese listado incluye un extenso catálogo de prestaciones, entre las que se incluyen que un análisis estratigráfico: identificación de pigmentos y cargas tiene un precio de 240 euros; una endoscopia 110 euros a la hora; que un ciclo para la determinación de la durabilidad de un material frente a lámpara de arco de xenón tiene fijado un precio de 550 euros o que la utilización de un equipo láser de limpieza cuesta 45 euros por hora. Estas tarifas no incluyen el IVA.

Toda esta situación se inserta, además, en una atmósfera de sospechas alrededor de los trabajos de restauración de libros antiguos efectuados por el Ivacor, antiguo nombre de la institución. El papel de la entidad fue cuestionado por una denuncia de la Confederación General del Trabajo (CGT)a la que la Fiscalía dio validez y que planteaba diferentes irregularidades en los servicios prestados en ejemplares propiedad del coleccionista Luis Caruana. 

Estas anomalías parecen más atribuibles al propio instituto que al dueño de las piezas, según se desprende del contenido de las actuaciones. El caso, en el que está imputada la anterior responsable, Carmen Pérez y la actual, Gemma Contreras, fue archivado por el juzgado. Pero el ministerio fiscal pretende reabrir la causa porque, según sostiene, los encargos de restauración se efectuaron sin expediente de contratación.

Pero, además de la reapertura de estas pesquisas, quiere que se forme una pieza separada al detectar más irregularidades. En concreto, solicita que se investigue la relación de dos de las restauradoras con el Ivacor porque, al parecer, facturaban de forma periódica al citado instituto, cantidades que rondaban los 200 euros. De aceptarse esta petición, la apertura de unas nuevas diligencias depararía la imputación de estas dos profesionales y nuevas diligencias. Una situación que todavía llenaría de más sombras el prestigioso instituto.