La responsable de Ivacor será juzgada por malversación diez días antes de las elecciones

El caso Ivacor, el hallazgo de graves irregularidades en la entidad en la restauración de los libros de un coleccionista privado, se juzgará finalmente en tres sesiones, apenas unos días antes de las elecciones autonómicas. En el banquillo de los acusados se sentará la actual directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), Gemma Contreras.

La sección Segunda de la Audiencia ha previsto que el juicio se desarrolle durante tres sesiones, los próximos 16, 17 y 18 de mayo. En el banquillo también le acompañará la experta Carmen Pérez, su antecesora en el puesto. Ambas se enfrentan a cinco años de cárcel. El sindicato de la CGT ejerce la acusación popular. El conocido auditor Luis Caruana era el propietario de los ejemplares. Su caso fue archivado.

La Conselleria de Cultura ha defendido que la directiva siga en su puesto pese a la gravedad de las acusaciones que sostiene la Fiscalía. No es una novedad en el Botánico que ha mantenido a varios altos cargos acusados pese a la apertura de juicio oral. En la mayoría de los supuestos, como el caso de Rubén Trenzano, director general de Política Lingüistica, o Enric Nomdédeu, secretario autonómico de Empleo, han salido absueltos de sus embrollos judiciales.

La Audiencia recordó a las partes que, en caso de llegar a una conformidad, un acuerdo entre las partes por el que se reconocen los hechos a cambio de una rebaja de pena, lo comuniquen cuanto antes a la sección para que se anule la citación de testigos y otros participantes en el proceso.

La modificación del delito de malversación quizá abriría una puerta al acuerdo. Pero las defensas no parecen, al menos por el momento, dispuestas a llegar a un acuerdo. La realidad es que ningún pacto, por favorable que sea para las acusadas, favorece la continuidad en el puesto de Contreras. La directora reconocería en ese supuesto la comisión de un delito lo que le dejaría sin posibilidades -al menos sobre el papel- de continuar al frente de la institución.

Siempre hay excepciones a la regla anterior, claro. Es el caso de director del Centro Cultural del Carmen, José Luis Pérez Pont, quien asumió la sentencia condenatoria por autorizar un grafiti en el claustro del antiguo Convento del Carmen, edificio que cuenta con la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC). Pérez Pont fue condenado a una multa de 1.080 euros por un delito leve de daños en patrimonio artístico. No recurríó el fallo y tampoco renunció. Sigue en su puesto.

Las presuntas irregularidades comenzaron con un lote de libros, compuesto por cuatro ejemplares. En este grupo, tres de las piezas se habían entregado en la institución, tal y como consta en las actas. Sin embargo, el importe de la restauración (6.000 euros más IVA) fue facturado por Dicarta, una empresa constituida por dos restauradoras que siguieron las indicaciones de la acusada Contreras, según la fiscalía. La directora gerente tenía «pleno conocimiento» de esta operación. Las dos profesionales 'externas' al Ivacor no figuran como acusadas.

El coleccionista abonó las restauraciones con cheques, algunos al portador y otras a nombre de las trabajadoras de Dicarta. En junio de 2012 se repite la misma operativa. Caruana entregó otros cuatro libros. El presupuesto, alrededor de 5.000 euros, fue firmado por las dos acusadas.

Los ejemplares son recepcionados y devueltos en el propio Ivacor, según consta documentalmente. Sin embargo, las actuaciones fueron facturadas por las restauradoras y abonadas por Caruana con diferentes cheques. Esto se repite en el resto de encargos.

La acusación sostiene que las acusadas actuaron de esta forma, saltándose el procedimiento administrativo, para favorecer al coleccionista. No sé cuantificó la restauración conjunta para evitar la licitación si superaba los 18.000 euros. Pero, además, al hacerlo por separado, se evitó el procedimiento previsto de los contratos menores. También obligaron a las dos restauradoras a crear la sociedad bajo sospecha si querían seguir trabajando con el Ivacor, siempre según la acusación pública.

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