El Senado de Estados Unidos investiga el posible monopolio de Ticketmaster y Live Nation

En Europa, cuando el consumidor sale perjudicado, el estado saca las garras y le protege. En Estados Unidos, se confía en la justicia universal de los mercados y la libre competencia para poner fin al suplicio, porque el consumidor siempre puede ir con su dinero a otra parte. Solo cuando esto no es posible entra en acción el Gobierno, dispuesto hacer lo que haga falta para que reine la libre competencia. En eso está el Senado de Estados Unidos.

El martes el Comité Judicial celebró una audiencia con la que puso en el banquillo a los ejecutivos del servicio de venta de entradas Ticketmaster y la promotora Live Nation, por dejar frustrados a los seguidores de la cantante Taylor Swift, que en noviembre pasado intentaron inútilmente durante horas comprar entradas para los conciertos de su nueva gira, Eras Tour. «Podemos hacerlo mejor y lo haremos», prometieron estos, al culpar a los bots que atacaron su web masivamente para adquirir entradas que revender. «¡Increíble! ¿Así que no habéis generado ningún algoritmo que pueda discernir entre los bots y los consumidores que realmente quieran adquirir una entrada?», preguntó indignada la senadora de Tennessee Marsha Blackburn.

Los ejecutivos se defendieron asegurando que recibieron tres veces más ataques de bots de lo que esperaban, pero a los senadores, la causa técnica del fiasco era lo de menos. Lo importante es que había sacado a la luz las condiciones que sufren tanto los músicos como los consumidores ante el monopolio que ha generado desde 2010 la fusión de Ticketmaster y la promotora de conciertos Live Nation. Según ellos, este grupo controla entre el 70 y 80 % de los recintos para conciertos que hay en el país, cifra que Ticketmaster baja al 5%. Los locales independientes que no acepten la venta de entradas a través de Ticketmaster se quedan fuera de la gira. Lo mismo le ocurre a los músicos, explotados por estos intermediarios. Clyde Lawrence, miembro de un grupo neoyorquino que lleva su apellido, declaró que de una entrada de 42 dólares su banda se lleva solo 6, a repartir entre 8 músicos una vez que se descuenten los impuestos. «La verdad es que no hay ninguna otra opción», concluyó la senadora Amy Klobuchar. «Esto es la definición de un monopolio».

El propio Departamento de Justicia emitió un informe en 2019 en el que se hacía eco de las muchas quejas durante años. Con todo, no tomó ninguna acción para corregirlo. De la indignación de los senadores, y las protestas que se llevaban a cabo en la calle a esas horas, se deduce que el comité podría recomendar incluso la ruptura de esa diabólica fusión entre Ticketmaster y Live Nation, pero todavía tendría que demostrar que sus ejecutivos han utilizado amenazas y prácticas coercitivas contra músicos y recintos para imponer sus servicios. Algo que puede no ser difícil de probar, pero que no se vio en la audiencia del martes.