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La realización de un grafiti de más de mil metros cuadrados en el claustro renacentista del Centro del Carmen de Valencia ha recibido el último tirón de orejas para los responsables que permitieron que se pintara sobre las paredes de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural como es el convento del siglo XIII.
El último organismo en pronunciarse sobre la acción ha sido el Síndic de Greuges. El ente autonómico afea a la Conselleria de Cultura el hecho de que la iniciativa no contara con un informe previo que analizara la conveniencia o no de instalar el grafiti. Es más, la institución considera «oportuno recomendar al Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y a la Conselleria de Cultura que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano y con el objeto de lograr la máxima protección del Centro del Carmen Cultura Contemporánea (Bien de Interés Cultural) actúen de forma conjunta y coordinada para que no se efectúe sobre el mismo ninguna actuación sin acreditar previamente por ambos organismos si la misma tiene o no trascendencia patrimonial a efectos de obtener la autorización previa».
El documento, firmado por el Síndic de Greuges, José Cholbi, resalta, además, que la necesidad de este informe previo ayuda a definir con claridad si el grafiti u otra actuación tiene «trascedencia patrimonial». Para el ente, esta catalogación, de acuerdo con la legislación, hace que nos encontremos, en el caso del Centro del Carmen, ante un «concepto jurídico indeterminado cuyo supuesto de hecho vendrá determinado por lo que técnicamente se entienda y justifique en cada caso concreto que tiene 'trascendencia patrimonial'». Por ello, «ante la enorme importancia que tienen los bienes de interés cultural y la necesidad de protegerlos al máximo, justifica sobradamente la conveniencia de dirigirse a la conselleria competente en materia de cultura para que sea esta la que [...] se pronuncie acerca de si es necesaria o no la previa obtención de una autorización de intervención». Y la entidad va un paso más allá al considerar que sólo con informes previos «se consigue disipar las dudas que puedan existir en torno a si una determinada actuación tiene o no trascendencia patrimonial». En el caso del mural de PichiAvo no se realizó este estudio por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio.
Los propios responsables del Centro del Carmen justifican al Síndic, como ya habían hecho en otras ocasiones, que tanto la exposición en la que se enmarcaba la realización del mural de más de mil metros 'Evreka' «fueron aprobadas por la Comisión Científico Artística del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana el 21 de diciembre de 2018 [...] la intervención no fue expresamente informada mediante escrito 'ad hoc' a la Dirección General de Cultura y Patrimonio» ya que, según el director del museo, José Luis Pérez Pont, «no es necesario» y «no existe la obligación de realizar expediente ni aprobación por cuanto la acción realizada entra dentro de las de conservación y mantenimiento que contempla el artículo 35» de la ley.
Sin embargo, el Síndic sí que recomienda la utilidad de este informe previo para determinar la «trascendencia patrimonial». Lo asegura en la respuesta a la denuncia presentada por el Círculo por la Defensa y Difusión del patrimonio Cultural. La entidad vuelve a insistir en su escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, que el grafiti «vulnera los principios básicos de la ley» ya que en ella se recoge que «cualquier intervención en un monumento, jardín histórico o espacio etnológico declarado bien de interés cultural deberá ir encaminada a la preservación y acrecentamiento de los intereses patrimoniales que determinaron el reconocimiento de BIC». Desde el colectivo cívico insistieron en que «pintar unos grafitis sobre la superficie de las paredes y los muros no acrecienta los intereses patrimoniales de un claustro del siglo XVI-XVII» y «mucho menos va encaminado a su preservación».
A finales del pasado mes de febrero, los visitantes al Centro del Carmen se sorprendieron al observar un grafiti de enormes dimensiones en el claustro renacentista del antiguo convento. No tardaron en dispararse las alarmas, sobre todo entre los responsables del Círculo por la Defensa del Patrimonio, quienes afirmaron que «no todo vale en nombre del arte actual». «Aunque se trate de una intervención temporal y obviamente reversible, un claustro con la máxima protección patrimonial, como es la catalogación de Bien de Interés Cultural, no es el lugar apropiado para hacer este tipo de intervenciones», resaltaron indignados desde la entidad.
En este sentido, José Luis Pérez Pont, a preguntas de LAS PROVINCIAS, defendió en aquel momento que el mural se realizó «de forma controlada y vigilada». «Se han pintado las paredes del claustro como se ha hecho en otras ocasiones. Las piedras del muro y el suelo se taparon para que no se mancharan. Todo se ha hecho protegiendo las zonas», sostuvo. La dirección general de Cultura y Patrimonio, en manos de Carmen Amoraga, también defendió que se «conocía el proyecto que se iba a desarrollar en el claustro y dadas sus características artísticas y técnicas no necesita de autorización previa». Sin embargo, las justificaciones no convencieron a los expertos, que aseguraron que la realización del mural bordeaba la ley de Patrimonio.
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