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A. RALLO
Lunes, 22 de mayo 2023, 14:19
Los graves incidentes ocurridos en la tarde del pasado domingo sobre el césped y la grada de Mestalla siguen generando consecuencias. Pero la polémica ha dejado de ser deportiva y social para adentrarse ya de lleno en la esfera judicial.
La Fiscalía de Valencia ha decidido abrir diligencias de investigación penal para aclarar los insultos que recibió el jugador del Madrid, Vinícius, durante la disputa del partido contra el Valencia. Lo hace de oficio, es decir, sin que se haya presentado denuncia por estos hechos, tal y como aclararon fuentes del ministerio fiscal. Y esto ya es un dato importante. Asunto diferente es que a lo largo del procedimiento, el Madrid, el futbolista o cualquier otra entidad de carácter social o político decida personarse.
De esta forma, la sección de Delitos de Odio se encargará de las pesquisas. Se da la circunstancia de que las diligencias serán asumidas por la misma responsable que ha formulado escrito de acusación por los graves incidentes del 9 d'Octubre de 2017, altercados en los que participaron seguidores radicales del Valencia CF, según la investigación.
La fiscal dispone de seis meses para practicar todas las diligencias que considere para determinar si las acciones de los aficionados pueden ser consideradas delictivas. Este plazo además es prorrogable. En el supuesto de que llegara a esa conclusión, el siguiente paso -puede hacerlo antes de agotar el tiempo- sería judicializar el asunto. En cambio, si concluyese que no es constitutivo de delito, procedería entonces a archivarlo.
Una de las primeras diligencias será la identificación de la persona o personas que insultaron al jugador madridista por su color de piel (una de ellas está plenamente identificada). La Fiscalía, durante esta fase prejudicial, podría citar incluso a los propios aficionados para que declaren en la sede del ministerio público o bien practicar esta declaración ya en un juzgado.
También puede encargar un informe a la Policía sobre lo ocurrido en las gradas del estadio. De momento, sólo ha ordenado la apertura de la investigación sin que por el momento consten diligencias concretas, según fuentes judiciales.
El ministerio público analizará si los hechos pueden encajar en el 510.1, que castiga a «quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo» o el siguiente, donde se penaliza los que ataquen «la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación». El primero puede suponer hasta cuatro años de cárcel; para el segundo la pena máxima es de dos años.
El Real Madrid, por su parte, decidió también actuar tras los acontecimientos. Por eso, este pasado lunes dio a conocer un comunicado donde considera que los ataques hacia Vinicius constituyen además un delito de odio, por lo que presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación. El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público.
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