Forenses del 'caso Santi Mina' ven «compatibles» las lesiones con los hechos denunciados

El juicio contra el futbolista del Celta de Vigo Santi Mina y David Goldar, jugador de la UD Ibiza, ha culminado este miércoles la segunda de las tres sesiones programadas, esta vez sí, en audiencia pública después de que se mantuvieran a puerta cerrada este lunes las declaraciones de los dos acusados, la víctima de la presunta agresión sexual y las amigas de esta, testigos de los hechos que habrían ocurrido en Mojácar durante el verano de 2017.

Ágil pero intensa, durante las aproximadamente dos horas que ha durado esta jornada de la vista oral se han sucedido declaraciones del resto de testigos llamados por acusación y defensa, entre ellos, agentes de la Guardia Civil presentes la noche de autos o detectives privados contratados por la representación legal de los procesados en aras de observar «el comportamiento» de la presunta víctima tras los hechos. Unas declaraciones que han permitido dar algo de forma a los distintos relatos ante la imposibilidad de asistir a los interrogatorios de la primera sesión.

Así, de acuerdo al testimonio de los agentes de la Guardia Civil, cuya comparecencia ha sido en calidad de testigo-perito (una figura «extraña», en palabras de la presidenta del Tribuna, la magistrada Társila Martínez, pero aceptada) la presunta agresión habría tenido lugar en una furgoneta, en la que la joven mantenía relaciones sexuales «voluntariamente» con un varón (a saber, David Goldar) y donde, un segundo hombre (Mina, según el relato de la víctima) abusó sexualmente de ella sin su consentimiento.

Fue una de las mujeres que acompañaban a la presunta agredida en su viaje a Mojácar quien -ha afirmado uno de los agentes llamados este miércoles a declarar- llamó a la Guardia Civil la noche en la que se produjo la presunta agresión para denunciar que «había una amiga que no aparecía».

Tras ello, dieron con la furgoneta, en cuyo exterior encontraron a los dos acusados, «por un lado» y a la víctima y una amiga de esta, «por otro lado». En el lugar se había personado ya la Policía Local, ante quienes fue denunciado lo ocurrido.

Sobre qué ocurrió dentro de la furgoneta, que la defensa de Santi Mina -representado por Fátima Magdalena Rodríguez- define como «relaciones consentidas», el médico forense que atendió a la denunciante al día siguiente de la presunta agresión ha corroborado que las lesiones presentadas por la presunta víctima (genitales y extragenitales) «son compatibles» con los hechos denunciados.

Un punto en el que la letrada del futbolista del Celta de Vigo ha tratado de vincular las lesiones descritas con «una relacion sexual intensa», versión que no ha sido corroborada por el especialista dada la imposibilidad de precisar dicha afirmación.

Uno de los puntos claves de la jornada de este miércoles, por otra parte, ha sido la declaración en calidad de testigo de un detective privado contratado por la defensa de Mina, que renunció finalmente al testimonio de otra profesional de este campo citada.

El objetivo, ha explicado, era determinar si la víctima llevaba «una vida normal», en contraposición a los resultados expuestos en los diferentes informes piscológicos a los que se ha sometido a la denunciante en los últimos años en lo que se expone que había modificado su comportamiento e, incluso, su forma de vestir. Según ha aclarado, las vigilancias se produjeron en 2019, dos años después de la agresión denunciada.

Un práctica sobre la que se insinuó que «podría invadir la intimidad» de la denunciante, a lo que el detective privado ha afirmado que «en ningún momento ha ocurrido esto» dado que «el 99% de las observaciones se han realizado en calle» mientras que «el otro 1% han sido en espacio público o en espacio de trabajo y otra es de una detective que ha mantenido una conversación con elle, muy breve y cordial, fingiendo buscar piso de alquiler».

No obstante, durante la presentación de la prueba pericial se ha considerado compatible con la versión de la víctima las secuelas psicológicas que esta presentaba dos años después de los hechos la psicóloga del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería responsable de realizar el informe solicitado durante la instrucción.

«La prueba de estrés postraumantico revela que lo hay, puesto que han pasado más de seis meses y presenta alteraciones, ansiedad, depresión, conductas de reactivación cuando hay algo que refiere lo que ella dice haber vivido», ha apuntado en sala una de las dos especialistas citadas, quien la atendió en persona en Almería en 2019. Antes, según ha espcificado, había acudido al Instituto Balear de la Dona dado que entonces ya se había trasladado a trabajar a Ibiza, si bien, cuando se habría producido la agresión, residía en otro punto del país.