El maquillaje contable en Banco de Valencia permitió a los directivos cobrar 1,3 millones

Los peritos del Banco de España señalan en uno de los informes remitidos al juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional que las cuentas de Banco de Valencia falseaban la realidad a 31 de diciembre de 2010, hecho que permitió los directivos de la entidad percibir un total de 1,3 millones de euros en variables sujetas a que la entidad cerrara 2010 con unos beneficios que no existieron.

Entre las conclusiones del informe, los peritos indican que los miembros del consejo de administración obtuvieron unas «atenciones estatutarias» -consideradas por el informe como 'retribución variable'- por un valor total de 727.000 euros.

A su vez, los expertos añaden que «los miembros del comité de dirección del Banco de Valencia recibieron una retribución variable (propiamente dicha) en el ejercicio de 2011 correspondiente al ejercicio 2010 por un importe de 615.000 euros». «En el caso de la retribución variable percibida en el ejercicio 2010, el variable percibido por el consejero delegado de la entidad, Domingo Parra, supone más del 53% del total», reza el informe, lo que suponen 329.000.

La suma de los dos tipos de retribuciones que recibió el conjunto de los directivos fue de 1,3 millones.

Dicho lo cual, el documento añade que los estatutos de Banco de Valencia «fijan la obligatoriedad» para repartir la retribución variable de «la existencia de beneficios distribuibles». «Si Banco de Valencia hubiera contabilizado los ajustes y saneamientos pendientes cumpliendo con lo fijado en la Circular 4/2004 al cierre del ejercicio 2010, los beneficios publicados se convertirían en pérdidas y no hubiera podido satisfacer tanto las atenciones estatutarias al consejo de administración como la retribución variable al comité de dirección. Por tanto, el acuerdo, distribución y pago tanto de las atenciones estatutarias como de la retribución variable fueron en contra de los estatutos de la sociedad», sentencia el informe.

Créditos «desmesurados»

El documento, en términos generales, destaca que entre 2004 y 2011, el Banco de Valencia -perteneciente a la cabecera de Bankia- llevó a cabo un «desmesurado incremento» de su inversión crediticia y asumió riesgos concentrados en el segmento inmobiliario que le llevaron a un grave deterioro de su situación económica. Los riesgos y las irregularidades detectadas se produjeron, según este informe, con conocimiento primero de Bancaja y después de BFA-Bankia, y ponen de manifiesto un grave deterioro no contabilizado a 31 de diciembre de 2010 en las cuentas individuales y consolidadas del Banco de Valencia. La situación tampoco tuvo adecuado reflejo en las cuentas individuales y consolidadas de Banco Financiero y de Ahorros, SA. Así, el ajuste no contabilizado por Banco Financiero y de Ahorros, SA fue de 536 y 573 millones de euros a 31 de diciembre de 2010 y 30 de junio de 2011.

Las inversiones de importe y riesgo elevado adolecían, según los peritos, de ausencia de controles adecuados a la actividad de la entidad y eran únicamente conocidas por el consejero delegado, Domingo Parra, a quien se acusa además de compartir intereses con las empresas beneficiarias de los créditos.