La administración concursal pide el cese de actividad de Ros Casares para liquidarla

Los administradores concursales de Ros Casares han pedido al juez de lo Mercantil que tutela el concurso de acreedores de la firma valenciana que decrete el cese de actividad de la empresa. La intención de esta medida es provocar la liquidación de la histórica empresa del metal. La decisión de la administración concursal de Ros Casares supone un cambio radical en la estrategia que hasta ahora se había llevado con esta empresa y ha aumentado notablemente la tensión, según confirman a LAS PROVINCIAS varias fuentes próximas al proceso.

Antes del verano, el G-6, formado por los bancos Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Sabadell y Popular, eligió a la firma valenciana como miembro del proyecto Fénix, una especie de banco malo de empresas con el que se busca reindustrializar España. Esta iniciativa de la banca consiste en capitalizar la deuda, es decir, las entidades financieras renuncian a cobrar préstamos a cambio de obtener una participación accionarial del deudor.

Francisco Ros García, consejero delegado del Grupo Ros Casares, siempre se ha mostrado a favor de explorar este vehículo para salvar a su empresa familiar. En una entrevista a este periódico, desveló que incluso estaba dispuesto a quedarse con una participación minoritaria y dejar su puesto de consejero delegado de la entidad. Sin embargo, esta actitud proclive al acuerdo no se ha traducido en unas negociaciones ni rápidas ni sencillas. Algunas fuentes implicadas en el concurso de acreedores de Ros Casares creen que la empresa no tiene solución y, por ello, entienden la decisión de los administradores de pedir el cese de actividad.

La medida ha conseguido el objetivo. La banca se siente presionada desde que el juez de lo Mercantil tiene la propuesta encima de la mesa. Según fuentes consultadas, la respuesta del juez ha sido dar a las entidades financieras un plazo de unos días para que presente una solución alternativa que permita la continuidad de la empresa. La decisión, según las fuentes consultadas, será tomada antes de acabar el año.

Intentos fallidos

La petición del cese de actividad para abocar a Ros Casares a la liquidación llega tras el rechazo de los acreedores de las cuatro propuestas de convenio anticipado que presentó la mercantil. En ellas se planteaba una especie de quita flexible, un sistema ideado por Ros Casares que hacía que aquellos proveedores que se comprometieran a seguir suministrando material a la empresa verían como recuperaban una mayor cantidad de la deuda que no habían cobrado. «Puede que sea una buena idea pero es extremadamente compleja y ahora no hay tiempo porque se necesita una solución más rápida y sencilla», fue una de las primeras reacciones que tuvo esta propuesta cuando la conocieron las partes implicadas.

Ros Casares, como ya demostró en los más de doce meses que negoció con Banco Sabadell la dación de la Ciudad Ros Casares, se caracteriza por proponer soluciones extremadamente novedosas. En el caso del negocio inmobiliario, su propuesta cayó en saco roto ya que finalmente se optó por el modelo más sencillo para solucionar una deuda inmobiliaria, que no es otro que eliminar la deuda a cambio de la garantía.

La banca quiere un acuerdo

La respuesta que los bancos han dado a la medida de presión de la administración concursal es redoblar sus esfuerzos para lograr un acuerdo. Según fuentes cercanas al proceso, el G-6 considera que lo fundamental es «llegar a una solución porque, aunque sea traumática, será más positiva que la liquidación». Con estas premisas, el esquema en el que se están centrando las negociaciones es que la familia Ros Casares mantenga entre un 10% y un 20% del accionariado de la empresa, Thyssen adquiera entre un 30% y un 40% y la banca se quede con el 50% restante de las acciones.

El porcentaje exacto con el que se quedaría Ros Casares y Thyssen es, por tanto, el principal problema. «Cuando parece que el acuerdo se acerca, se empiezan a cambiar las aportaciones de activos por parte de cada empresa y se proponen esquemas distintos. Da la sensación de que un día se va a firmar y al día siguiente las posturas están muy alejadas», explica una de las conocedoras del proceso. Otras fuentes aseguran que la negociación está «completamente enmarañada».

La parte de la negociación que parece más definida es la de que el 50% de Ros Casares acabará en manos de la banca. «Los bancos asumen unas quitas que están muy próximas al 90%, son descuentos salvajes y que sólo se asumen porque si no fuera así la empresa sería incapaz de devolver la deuda», explican fuentes próximas al proceso. Pero el acuerdo no llega.

Los conflictos judiciales complican notablemente el proceso. La guerra la inició Thyssen hace un año autorizando a sus representantes a pedir la liquidación de Ros Casares y a querellarse contra los miembros de la familia dueña de la empresa. Los Ros Casares contestaron con una batería de querellas y demandas en las que piden cuantiosas indemnizaciones por el daño que creó Thyssen a Ros Casares con el cierre de la planta de Galmed Sagunto.