La libertad horaria se le va de las manos a la Generalitat

Una de las medidas estrella anunciadas por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para impulsar la economía valenciana ha acabado convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para su Ejecutivo. Hace 15 meses que el dirigente anunció durante el debate de política general de la Comunitat que delegaría en los ayuntamientos la decisión de liberalizar los horarios comerciales para reactivar el consumo y el empleo. Sin embargo, lejos del escenario previsto, la administración autonómica se encuentra ahora a las puertas de los tribunales por restringir las aperturas comerciales a Xirivella y con un conflicto recrudecido entre los pequeños y grandes comerciantes, que no han logrado consensuar una ley para regular el sector.

Pero ¿cómo ha terminado un Gobierno partidario de extender la apertura en domingos y festivos cuestionado precisamente por lo contrario? Los sonoros conflictos generados entre grandes superficies del área metropolitana de Valencia y sus respectivos ayuntamientos fueron modulando de forma paulatina la postura del Consell. «Se pasó de una postura pro liberalización a una posición más intermedia», lamenta Carlos Alfonso, portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), entidad partidaria de la libertad de horarios.

Los centros comerciales vieron en las palabras de Fabra -que propuso que toda la Comunitat fuera declarada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), fórmula que permite a los territorios abrir sus comercios en domingos y festivos una vía de escape al agravio comparativo que, según denuncian, sufren respecto a los recintos de Valencia, cuya liberalización horaria abarca la práctica totalidad de las grandes superficies de la ciudad. «Finalmente no lo hizo. Pero fue toda una declaración de intenciones a favor de la liberalización», opina al respecto Isabel Cosme, presidenta de la patronal valenciana del pequeño comercio Cecoval, partidaria de restringir la apertura en festivos. «Cuando las decisiones influyen en el vecino se requiere una visión territorial y no local para evitar problemas», vaticinó entonces Encarna Sanchis, presidenta de la también patronal del pequeño comercio Covaco. Dicho y hecho. La primera gran firma en echarle un pulso a su ayuntamiento fue Corio, entidad gestora del centro comercial Gran Turia de Xirivella, y acto y seguido haría lo propio la compañía Unibail-Rodamco, propietaria de Bonaire, en la localidad de Aldaia.

Pero la madre de todas las polémicas tendría lugar en Alfafar, donde el cambio de criterio del alcalde, Juan Ramón Adsuara, forzó a la Generalitat a intervenir en la disputa. El primer edil informó a Ikea de forma extraoficial de que podría abrir su tienda los domingos, pero la presión del pequeño comercio le hizo dar marcha atrás. La multinacional sueca, al considerar que sufría un agravio por haber sido notificada de la liberalización en el municipio, reclamó directamente al Consell, que encargó a la abogacía de la Generalitat dictaminar sobre la disputa y falló finalmente a favor del alcalde, con el argumento de que Alfafar no reunía los requisitos para ser considerado turístico.

La decisión fue un punto de inflexión en el proceder del gobierno autonómico, que dejó a un lado el criterio liberalizador y puso todos sus esfuerzos en regular el sector comercial para evitar nuevas disputas. El conseller de Comercio, Máximo Buch, anunció entonces una «ley de consenso» entre los pequeños y los grandes comerciantes. Según deslizaron fuentes próximas a la negociación, el posible pacto contemplaba limitar las zonas con libertad horaria -incluidas las de la ciudad de Valencia- a cambio de incrementar el número de festivos con actividad en toda la Comunitat, que en la actualidad es de 10 pero que, según la ley estatal, podría incrementarse hasta los 16. No obstante, la práctica no fue más allá de las buenas intenciones debido a «la visión cerrada de algunas entidades», según lamentan varias de las asociaciones implicadas.

El texto, finalmente, será elaborado en solitario por la Conselleria de Comercio, que sostiene que incluirá «las propuestas de las diferentes asociaciones en busca del máximo consenso». Pero el documento ya no será fruto de un acuerdo pleno de todo el sector, «sin el que será difícil alterar la liberalización horaria de Valencia, que es el epicentro del problema», según Cosme. La ley, según avanza el Consell, definirá unos parámetros que permitan determinar de forma objetiva si una zona es turística o no y, por consiguiente, si puede acogerse a la libertad horaria.

Pero, mientras llega el decreto, el panorama se ha complicado con la entrada en escena de la justicia. Por un lado, Media Markt ha sido autorizada a abrir domingos y festivos por una sentencia que entiende que tiene el mismo derecho a hacerlo que el resto de zonas liberalizadas de Valencia; y por otro Competencia llevará a la Generalitat ante los tribunales por impedir que Gran Turia se equipare al resto de centros comerciales de la ciudad, tal y como había pedido Xirivella, al entender que el recinto comparte clientes y trama urbana con la capital de la Comunitat. El agitado escenario ha llevado a los pequeños comerciantes a urgir al Consell a publicar la ley cuanto antes para atajar el problema, pero se antoja difícil que un texto no pactado satisfaga a todas las partes y acabe con la batalla de los horarios comerciales entre los pequeños y grandes establecimientos de la región valenciana.