La designación de un perito desbloquea la instrucción de querellas de Banco Valencia

La investigación judicial sobre los delitos presuntamente cometidos por la excúpula de Banco de Valencia se reactiva. El Banco de España ha designado un perito para que analice las tasaciones en las que se basan varias de las querellas interpuestas por el FROB contra los exresponsables del banco y algunos promotores inmobiliarios. El juez que instruye esta causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, llevaba más de un año esperando la designación de un especialista para poder cerrar la instrucción de siete de las piezas separadas abiertas a raíz de las denuncias, que se encontraban bloqueadas a la espera de poder practicar esta pericial.

Según confirmó ayer la Audiencia Nacional, el especialista nombrado por el Banco de España ya ha comenzado a trabajar sobre una de las piezas. Antes que al supervisor, el juez Pedraz había solicitado sin éxito la designación de dos expertos en tasaciones a otros organismos del Estado, ya que este análisis requiere técnicos altamente cualificados. Entre otros, solicitó colaboración a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la secretaría de Estado de Hacienda.

Una vez realizados todos los interrogatorios, la comprobación de las tasaciones es imprescindible para poder dar por cerrada la instrucción, ya que las denuncias se basan en supuestas irregularidades en la valoración de activos que el banco utilizó como referencia para aprobar operaciones crediticias.

Ante la falta de medios para poder continuar con su investigación, el magistrado emitió hace algo más de un mes una providencia en la que pedía a las partes personadas que instasen el archivo o la práctica de diligencias complementarias. En su escrito, el juez destacaba "la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de la investigación judicial".

Tras el envío de un experto por parte del Banco de España, los plazos para cerrar definitivamente la instrucción dependerán del tiempo que el perito necesite para elaborar su informe, que variará en función de si necesita realizar un nuevo análisis de las tasaciones o confirmar la corrección de las valoraciones que el Banco de Valencia realizó para conceder los créditos.

Cuando tenga en su poder el informe pericial, el juez ya estará en disposición de dictar auto de procedimiento abreviado o de archivar las diligencias en función de lo que propongan las defensas, el FROB y el resto de acusaciones personadas o la Fiscalía.

Amagó con archivar

La última negativa con la que Santiago Pedraz se topó para el envío del perito fue la de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), que respondió que no podía designar los dos técnicos solicitados. Tras ella, el juez dictó una providencia a finales de noviembre para que las partes personadas propusieran diligencias complementarias, instasen el sobreseimiento o la apertura de juicio si consideraban que con las testificales había argumentos para mantener la acusación.

El FROB respondió que continuara con la instrucción, mientras que uno de los principales acusados, el exconsejero delegado de la entidad Domingo Parra -imputado en todas las piezas separadas-, pidió el archivo. Por su parte, la asociación Apabankval, que presentó en Valencia la querella contra el consejo que finalmente acabó en la Audiencia Nacional, propuso la designación de un perito de parte.

En una providencia posterior, el juez realizó un nuevo intento para que fuera el Banco de España el que enviase el perito experto en tasaciones "para que analice la corrección de éstas" informe sobre "cualquier irregularidad en su confección".

Las querellas presentadas por el FROB se centran en el diseño y aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación "verdaderamente ruinosas", principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.

En una de ellas, la que denuncia supuestas irregularidades del banco en operaciones con Ramón Salvador, está imputado el que fuera presidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. También están imputados el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, o empresarios como Bautista Soler y Eugenio Calabuig, además de varios constructores.