La fiscalía investiga gastos privados de exdirectivos de la Feria cargados al recinto

La investigación de la Fiscalía por los sobrecostes en la ampliación de Feria Valencia incluye también gastos particulares que varios de sus exdirectivos habrían cargado a la tarjeta del recinto de forma presuntamente irregular. Los interventores de la Generalitat, que actúan como peritos nombrados por el Ministerio Público para analizar las facturas de las obras y los "gastos indebidos" en el recinto, rastrean los movimientos de las tarjetas entregadas al expresidente, Alberto Catalá, el exsecretario general Enrique Calomarde o la responsable de Marketing Cristina Olmeda. También se investigan los gastos de dos directores generales de la etapa de Catalá: Carlos de Vargas y Belén Juste, quien actualmente es diputada nacional del PP.

Las pesquisas se iniciaron después del verano a raíz de un demoledor informe de la Intervención de la Generalitat en el que se relevaban desviaciones en la ejecución de las obras y el equipamiento del recinto de hasta un 86,27% sobre lo proyectado, 251 millones por encima de lo previsto, entre otras presuntas irregularidades.

No obstante, los interventores solamente analizaron un 2% de todas las facturadas generadas en las obras, por lo que la Fiscalía solicitó que se ampliara el análisis a todas los documentos generados con el plan de modernización del recinto. Feria Valencia aún está enviando documentación y calcula que necesitará cuatro meses para recabar toda la información que le reclaman los peritos.

Dentro de esa ampliación se incluyen los «gastos indebidos» en los que supuestamente habrían incurrido sus directivos al utilizar la tarjeta que la empresa ponía a su disposición para abonar gastos personales, entre los que podría haber regalos y viajes no vinculados con sus funciones en la empresa.

En su informe, los interventores de la Generalitat también cuestionan las decisiones de algunos directivos investigados, en concreto de la directora general durante la ampliación, Belén Juste, a quien le atribuye compras de mobiliario por valor de 2,6 millones de euros decididas de forma "unilateral" y contratadas "directamente bajo pedido con el proveedor elegido por dicha persona".

Alberto Catalá, Carlos De Vargas y Enrique Calomarde ya fueron investigados por un juzgado de Valencia por presunta apropiación indebida en el uso de su tarjeta Visa Oro de la Feria. La investigación, iniciada a raíz de la denuncia de un extrabajador del recinto, acabó siendo archivada.

No obstante, la vía abierta ahora por la fiscalía para determinar el correcto uso de esas tarjetas puede adquirir una nueva dimensión, sobre todo a la vista de una sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada que considera delictivo el uso de la tarjeta corporativa para asuntos personales. Por cargar a la tarjeta de la empresa 450.000 euros en viajes, comidas y otros gastos privados, el Supremo impuso en enero una pena de cuatro años y medio de prisión a un matrimonio de Málaga.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la salida a Bolsa de Bankia tardó apenas un par de días en aplicar el criterio recién fijado por el Supremo para extender la imputación por el uso de las tarjetas de Caja Madrid a todos los consejeros que la usaron, no solamente a los directivos.