La fiscalía amplía a 25 directivos la investigación sobre las tarjetas de Feria Valencia

Feria Valencia ha puesto a disposición de la fiscalía los extractos de todas y cada una de las tarjetas de empresa entregadas a sus directivos, tanto los que están actualmente en la casa como los que la han abandonado en los últimos años. La documentación reclamada por los interventores que actúan como peritos en la investigación contiene el detalle de los gastos cargados al recinto por su expresidente, Alberto Catalá y los exdirectores generales Belén Juste -actualmente diputada nacional del PP- y Carlos de Vargas, pero también los de varios directivos de menor rango que igualmente disponían de tarjeta de empresa. En total son 25 los directivos cuyos gastos están siendo rastreados.

El objetivo de ese análisis es determinar si las tarjetas que circularon por el recinto fueron utilizadas para asuntos personales que poco o nada tenían que ver con las funciones que ejercían los ejecutivos que disfrutaban de ellas.

Además de los ya mencionados, se investiga el uso que dieron a la tarjeta el exsecretario general, Enrique Calomarde, y la que fuera responsable de Marketing entre 2008 y 2012, Cristina Olmeda.

Antes de que Feria Valencia sintiera el impacto de la crisis con la caída de ingresos y expositores, las tarjetas puestas a disposición de la parte alta del organigrama se contaban por decenas. Durante la etapa de Alberto Catalá en la presidencia, en la que el recinto llegó a tener más de 300 empleados frente al centenar con el que cuenta ahora tras varios ERE, disfrutaban de esta ventaja todos los directores de departamento y todos los directores de las ferias que se organizaban en el recinto. Desde entonces, la cantidad de tarjetas entregadas a los ejecutivos se ha reducido a una decena.

Las pesquisas se centran en averiguar si se dio un uso correcto a esas tarjetas. La Intervención de la Generalitat concluyó el pasado verano un informe en el que, entre otras irregularidades, destapó sobrecostes millonarios y desviaciones en la ejecución de las obras y el equipamiento del recinto de hasta un 86,27%, 251 millones por encima de lo proyectado.

Posteriormente, la fiscalía instó a la intervención a ampliar su informe, en particular la parte referida a los sobrecostes y "gastos indebidos", para lo cual se reclamó a la actual dirección del recinto toda la documentación sobre gastos, cuentas y extractos de tarjetas corporativas.

Alberto Catalá, Carlos de Vargas y Enrique Calomarde ya fueron investigados en 2011 por el uso presuntamente irregular de sus tarjetas. Un juez de Valencia abrió una causa por supuesta apropiación indebida de estos directivos a raíz de la denuncia presentada por un extrabajador de Feria Valencia despedido en uno de los ERE. Los hechos denunciados incluían cuantiosos gastos en viajes al extranjero o regalos ajenos a la actividad del recinto. El magistrado archivó las actuaciones.

No obstante, las averiguaciones que los peritos realizan ahora a instancias de la fiscalía podrían tener más recorrido a la vista del criterio fijado por el Tribunal Supremo en una sentencia dictada hace apenas unos días en la que se considera que el uso de la tarjeta de empresa para asuntos personales es delito. La primera condena en ese sentido ha sido impuesta a un matrimonio de Málaga que cargó a su empresa gastos personales por valor de 450.000 euros en viajes, comidas y otros temas particulares. El Supremo les condenó a cuatro años y medio de prisión.

En función de ese criterio establecido por el Supremo, el juez de la Audiencia Nacional del caso Bankia apenas tardó un par de días en ampliar la imputación a los máximos responsables del banco que usaron las conocidas como tarjetas black a todos los vocales que tenían ese privilegio por un presunto delito de apropiación indebida.