Ros Casares se acerca a su extinción definitiva

La mesa donde se negociaba el futuro de Ros Casares ha quedado vacía. El G-6, formado por el Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Sabadell y Popular, no tiene intención de volver a sentarse en ella. Aquel proyecto Midas renombrado Fénix, una especie de banco malo de empresas, ha quedado en el olvido y la complejidad del sistema de recapitalización con el que se iba a salvar a la compañía valenciana se ha aparcado. Se han celebrado multitud de reuniones. Han intervenido agentes externos que iban a encontrar la fórmula mágica. Hubo una enorme tensión. Pero no ocurre. Nunca se cierra nada. ¿Y entonces? La palabra que cada día más gente pronuncia es liquidación.

Más de una veintena de empresas de Ros Casares están en concurso de acreedores. Desde mucho antes de someterse a la Ley Concursal, los propietarios del grupo (la familia Ros Casares con Francisco Juan Ros García a la cabeza) y gran parte de la banca han tenido posiciones opuestas. Los valencianos se han agarrado al pacto de accionistas que firmó Grupo Ros Casares con Grupo Thyssen en los noventa para reclamar la colaboración a la que ambos se obligan. Los alemanes no lo quieren cumplir, como ya quedó claro cuando cerraron Galmed Sagunto, que era el suministrador de materia primera de Thyssen Ros Casares, en la que ambos grupos tienen un 50%.

La banca no quiere formar parte de una jaula de grillos. Como Ros Casares y Thyssen no hacen las paces, ha dado un paso atrás y delante se ha quedado sólo el juez. La familia Ros Casares ha sido suspendida de sus funciones y Thyssen fue el primero en retirarse al dejar vacantes los puestos de consejeros que le corresponden.

Sin fórmulas mágicas y una creciente conflictividad judicial, las ingeniosas soluciones que se puedan crear para que triunfe una propuesta de convenio que evite la liquidación de todo o parte de Ros Casares son cada día más una quimera.

Y como no hay más solución, en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, que es el que lleva el asunto, el escenario de la liquidación está cada día más presente. Dos preguntas quedan por resolver: ¿qué hacemos con los empleados? y ¿cómo lo hacemos?.

Venta parcial

El nuevo mantra concursal se llama ahora "venta de unidad productiva". Básicamente, consiste en liquidar la empresa pero vendiendo de forma agrupada lo bueno. Thyssen Ros Casares y Centro del Acero son las dos filiales que dentro del juzgado se consideran que tienen viabilidad. La banca piensa lo mismo. La idea es que las instalaciones, máquinas, empleados que producen los planos (materia prima elaborada que usa la automoción) se pueda vender a un tercero y que las deudas y enfrentamientos entre valencianos y alemanes se sometan a una liquidación clásica.

Esta estrategia tiene varios ganadores. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en Ros Casares, aplaudirá cualquier decisión que mantenga los puestos de empleo. Misma reacción tendrá, previsiblemente, Máximo Buch, conseller de Industria. El perdedor sería la familia Ros Casares porque la venta de unidades productivas dejaría a la empresa sin dinero para pagar las deudas que podrían cobrar los propietarios. El juzgado sabe que estas deudas son subordinadas, lo que implica que son las últimas en cobrar y el pensamiento de que los empresarios unas veces ganan y otras pierden y que son más importantes los empleados que los dueños está muy presente en la Ciudad de la Justicia.

Salvador Vilata, juez de lo Mercantil número 1 de Valencia, no puede poner en venta las unidades productivas de estas dos filiales pero verá con buenos ojos las ofertas que le lleguen. De momento, tiene una encima de la mesa por parte de Thyssen que es claramente inaceptable. Los alemanes proponen sin tapujos la "aprobación definitiva e inapelable de la adquisición (...) por lo que no será posible recurrirlo ante la Audiencia Provincial de Valencia". Semejante cláusula se ha interpretado en el juzgado como que Thyssen hará una oferta pero que se quiere asegurar de que la presentada no sea aceptada. Thyssen sabe que cuánto más tarden en concretar una oferta real, más se acercará el precio al saldo.

La compra de unidades productivas están sujetas a la estrategia. Avanzar las intenciones da pistas al rival y desde el juzgado el escenario que se espera es el de una puja por las unidades productivas. La baza de Thyssen consiste en garantizar el empleo actual bajo el cierto argumento de que la multinacional puede necesitar instalaciones en el sur de Europa para atender a las pujantes industrias de la automoción ubicadas en España.

La historia juega en su contra. Siendo propietario de Galmed optó por el cierre definitivo lo que supuso una reducción de la capacidad productiva en España, cuestión que beneficia a otras filiales del grupo alemán, como la que tiene en Barcelona. Igual que es imposible que el juzgado garantice a Thyssen que ninguna acción judicial realizada por los Ros Casares le obligue a pagar fuertes indemnizaciones por incumplir el pacto de accionistas, tampoco será sencillo para Salvador Vilata tener la convicción de que si autoriza la venta de unidades productivas a Thyssen está garantizando el empleo.

Hay otra alternativa. La familia Ros Casares puede ganar la puja y comprar ella las fábricas con los empleados. Le penaliza el hecho de que Thyssen se quita de encima las deudas ya existentes con los empresarios valencianos y que se intentan cobrar por la vía judicial. Los criterios judiciales están claro: mantenimiento de los puestos de empleo y el que más dinero ofrezca para pagar a acreedores son los factores que más puntúan.