La cúpula de Aido mantuvo el renting de sus coches de lujo mientras aplicaba un ERE

Un total de 1.199 euros al mes por un Audi Q5 y otros 947 por un BMW X5. Estas eran las cuotas a las que ascendían el renting de los respectivos vehículos utilizados por el director del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido), Emilio Pérez, y el exsubdirector José María Guijarro, según documentación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. La cúpula de esta entidad privada subvencionada con fondos públicos mantuvo estos gastos mientras acometía un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 20 trabajadores.

En el caso de Guijarro, el renting de su BMW fue renovado días antes de que se despidiera a los empleados, una medida que se tomó "por ahorro", según declara Pérez a este periódico. "La renovación era anual con el fin de renegociar el contrato y que saliera más barato. Por eso se renovó en junio de 2012", explica el dirigente, que argumenta en su defensa que los vehículos formaban parte del pago en especie que recibían tanto él como el exsubdirector.

Según añade el directivo, el instituto dejó de pagar el renting del BMW cuando se produjo la polémica marcha de Guijarro, que percibió un total de 170.000 euros por despido improcedente. El coste de esta indemnización, que equivale al 8% de los fondos públicos que recibió la entidad en 2013, habría sido sensiblemente inferior de haber sido incluido en el expediente regulador de empleo. Por su parte, Emilio Pérez sustituyó su Audi Q5 por un Opel Insignia con un renting de alrededor de 400 euros mensuales, según detalla él mismo.

En paralelo, según detallan fuentes de Aido, el instituto fraccionó en ocho meses los pagos de indemnización a los trabajadores por el ERE y en otros tres el finiquito con el argumento de que carecía de liquidez para afrontar los pagos.

Además, la gestión de Aido se encuentra en entredicho. Tal y como adelantó ayer LAS PROVINCIAS, la Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación para averiguar el destino de parte de las ayudas públicas concedidas a la entidad privada. Las pesquisas se sustentan en la incorrecta justificación de los proyectos de investigación que llevaban aparejados la concesión de dichas subvenciones. Los fondos bajo sospecha podrían ascender a varios millones de euros.