Un abogado del Estado ve legal el cobro de dos sueldos en el Puerto de Valencia

Un abogado del Estado imputado en el caso del Puerto de Valencia, en el que el juzgado investiga presuntas irregularidades en la gestión de esta entidad, ve correcto y conforme a derecho el cobro de dos sueldos --de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y de Valencia Plataforma Intermodal Logística S.A. (VPI)--, aunque no valora la compatibilidad por ser "un deber personal". También entiende que la VPI es una sociedad sujeta al derecho privado, civil y mercantil, pese a que recibe el 98 por ciento de sus fondos de la propia APV.

Este letrado se ha pronunciado así en su declaración como imputado ante el titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que investiga esta causa en la que está imputado el presidente del puerto, Rafael Aznar, dos directivos y un técnico contable por presuntos delitos de malversación y prevaricación, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa.

Tanto Aznar como el resto de imputados en este procedimiento apuntaron a este abogado del Estado, secretario general del Consejo de Administración del Puerto, como la persona que elaboró un informe en el que se justificaba el cobro de los dos sueldos de la APV y de la VPI.

En concreto, los directivos del Puerto explicaron ante el juez que el cobro de los dos sueldos se lo propuso la empresa con el acuerdo del Consejo de Administración y con un informe favorable del abogado del Estado imputado. Al respecto, el técnico también dijo que este letrado estaba al corriente de todo porque fue él quien lo propuso y señaló que en ningún momento informó de situaciones irregulares.

En su declaración de hoy, el abogado del Estado ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha destacado que el acuerdo adoptado en 2004 para abonar dos sueldos al resto de imputados en la causa fue "conforme a derecho". Entiende que fue un acuerdo "correcto", ya que "mercantilmente suponía un ahorro de costes para la sociedad". Y al mismo tiempo, ha matizado: "La compatibilidad o no es un deber personal y, por tanto, no entra dentro de sus funciones como secretario".

Este abogado, quien ha aclarado que pese a ser abogado del Estado, él trabajaba en el Puerto --desde 1997-- como secretario general del Consejo, ha indicado que no es el encargado de fijar condiciones laborales ni económicas ni de cómo debían cobrar el resto de imputados. También ha reconocido que él cobro dos sueldos y que devolvió los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Sobre este último aspecto, ha señalado que se encontró a la Interventora en una Mesa de Contratación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y le comentó que las cantidades que había cobrado tanto él como tres personas más estaban indebidamente cobradas.

Por ello, decidió devolverlas y "lo que se produjo, en realidad, fue una irregularidad formal". No obstante, entendió que era mejor devolverlo y luego regularizar el asunto. Considera que tiene derecho material a su cobro y lo piensa ejercitar tanto para la devolución de lo que devolvió como para que se le abone los ejercicios del año 2012, 2013 y 2014, que entiende que se le deben.