El Consell ultima el cambio de estatutos que transforman Feria Valencia en consorcio autonómico

La primera etapa en el camino de Feria Valencia hacia la externalización de su gestión está próxima a completarse. Los tres pilares de su patronato (Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y empresarios) acordaron a finales de 2014 modificar los estatutos para transformar la institución en un consorcio público dependiente de la Generalitat. Según admiten fuentes de la administración autonómica, el documento que sentará las bases para la futura externalización del negocio será aprobado en breve. Tan es así que el grupo de trabajo que ha diseñado la hoja de ruta para transformar Feria Valencia trabaja sobre un borrador en el que sólo resta por perfilar dos detalles para convertirse en el texto definitivo. "Esperamos cerrarlos en breve para poder aprobarlo", admiten desde el Consell. Entre otras cuestiones, el documento debe definir la financiación del recinto, que actualmente se nutre fundamentalmente de las transferencias de la Generalitat para pagar la deuda asociada a su ampliación.

Respecto al proceso, desde el recinto sostienen que los plazos inicialmente previstos para culminar la reforma de los estatutos se mantienen y subrayan que no han surgido discrepancias entre las partes que puedan hacer pensar en retrasos. Cuando el patronato aprobó la transformación de los estatutos, se fijó el objetivo de llegar a las elecciones autonómicas de mayo con el texto aprobado.

El plan para transformar Feria Valencia en un consorcio público -una naturaleza igual a la que tiene Ifema, tal y como recomendó el Consell Jurídic Consultiu- requirió del entendimiento previo entre Generalitat y el Ayuntamiento, un proceso plagado de desencuentros que estuvieron a punto de arruinar el plan. Una vez conseguido el acuerdo, no cerrarlo antes de las elecciones autonómicas de mayo reavivaría la incertidumbre sobre el futuro del recinto.

Una vez que el patronato apruebe los nuevos estatutos, el texto debe ser ratificado por la Dirección General de Comercio y por el conseller competente en materia de comercio, cargo que en la actualidad ocupa Máximo Buch. El decreto sobre ferias comerciales aprobado el año pasado establece un plazo de tres meses para dar luz verde a la modificación desde la solicitud del patronato.

A partir de ahí, según los plazos que marcó el presidente de Feria Valencia, José Vicente González, se abrirá un diálogo competitivo con las empresas aspirantes a asumir la gestión del negocio antes de publicar el pliego de condiciones para la externalización. El plazo para redactarlo se fijó hasta el 31 de julio.

El nuevo consorcio público será titular del recinto ferial y recibirá los más de 30 millones de euros de subvención que la administración autonómica aporta cada año para devolver los más de 580 millones de euros de deuda generada con el plan de ampliación y modernización. El consorcio será de dependencia autonómica, es decir, estará controlado por la Generalitat como reconocimiento a sus derechos como pagador de la deuda del recinto.

Mientras, la propiedad inmobiliaria seguirá siendo del Ayuntamiento, que recuperará la titularidad del suelo y de los inmuebles una vez expire la concesión actual en el año 2051.

La actividad comercial se desgajará en una empresa explotadora que podría estar participada por un operador de ferias internacional, un consorcio de otro tipo, empresarios locales, etcétera. El planteamiento es que esta empresa pueda dar beneficios que se puedan transferir a la matriz asumir un porcentaje de la deuda por la ampliación. Una de las cuestiones que quedó por definir es el canon que la empresa pagará por explotar las marcas y utilizar el recinto. Se baraja la opción de prolongar el pago hasta el año en el que acaba la concesión municipal, lo que facilitaría que la Generalitat pudiera recuperar todo o parte de los fondos inyectados en Feria Valencia. Según la Intervención de la Generalitat, la administración podría acabar desembolsando más de mil millones por esa deuda.