Daniel Valero
Domingo, 5 de abril 2015, 22:44
La Comunitat no dispondrá de viviendas sociales de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Así lo informaron a LAS PROVINCIAS fuentes de la Generalitat y de la propia entidad. Las partes, según explican, no lograron llegar a un acuerdo sobre las condiciones en las que se habría materializado la cesión de los inmuebles.
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Tal y como informó este periódico, el Consell y el llamado banco malo trataban de alcanzar un pacto similar al que se firmó con Cataluña -a la que se le proporcionaron 600 viviendas para familias con escasos recursos-, Aragón -inmuebles- o Galicia -50-. Sin embargo, en el caso de la Comunitat, la administración rechazó que algunos de estos inmuebles se cedieran ya ocupados.
La Sareb deslizó en un principio que tal circunstancia no tendría por qué ser un inconveniente para alcanzar el acuerdo con la Comunitat, puesto que las condiciones con la autonomía valenciana no tendrían por qué ser las mismas que con la catalana. Pero sirvió de poco tal voluntad de diálogo, puesto que la sociedad no cedió finalmente sobre la presencia de inquilinos, según El Consell.
La «imposición» del banco malo, según detalla la Generalitat, pasaba por la cesión de edificios completos que ya contaban con algunos inquilinos, en su gran mayoría morosos cuyas rentas estaban consideradas de dudoso cobro. Mientras la Sareb planteaba al Consell que la situación de estas personas era similar a la de las familias que finalmente resultarían beneficiarias del alquiler social, el Gobierno valenciano, que ya padece multitud de impagos en su parque de viviendas públicas, consideró este alto riesgo de morosidad un perjuicio insalvable.
Al respecto, fuentes de la Generalitat añaden que la Comunitat ya cuenta con un total de 400 inmuebles cedidos por Bankia para ofrecer en concepto de alquiler social -que se suman a las más de mil que la administración ya tiene en propiedad-, y que además la autonomía espera acceder a un importante plan de vivienda del Ministerio de Fomento que le permitiría rehabilitar un gran número de los inmuebles que, actualmente, no disponen de las condiciones de habitabilidad. Sólo en el barrio de La Coma posee más de un centenar de pisos en diferentes grados de deterioro.
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Por contra, fuentes de la Sareb, entidad que propuso el acuerdo a la Generalitat, consideran la falta de entendimiento con el Consell «una oportunidad perdida para ayudar al acceso a la vivienda». La sociedad argumenta que el pacto sí ha sido posible en otras regiones en las mismas circunstancias, con especial foco sobre lo ocurrido en Cataluña, pasó a gestionar 600 inmuebles por un plazo de cuatro años en régimen de alquiler social, con el compromiso de regularizar la situación de las personas que ya residían en algunas de las viviendas y el correspondiente riesgo de asumir los costes generados si se produjeran impagos.
El frustrado acuerdo consistía en la cesión de un paquete de inmuebles a la Comunitat por parte de la entidad, en la que los bancos nacionalizados depositaron sus activos tóxicos. A cambio, la Sareb habría percibido una contraprestación para la cobertura de los gastos de comunidad, seguros, tasas y tributos vinculados a la propiedad, que habría sido abonada por la Generalitat. El Consell, por su parte, habría compensado su aportación con el cobro de una renta reducida a los beneficiarios, de alrededor de 150 euros mensuales, según informan fuentes de la Sareb. Pero el celo por garantizar el ingreso de este importe ha sido el que, finalmente, ha impedido que se cierre el acuerdo en una autonomía donde la sociedad, precisamente, tiene un mayor volumen de inmuebles.
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Las negociaciones forman parte del plan de actuación marcado por la entidad basado en aligerar su volumen de activos tóxicos. La Sareb, pese a naufragar en la Comunitat, celebró ayer que mantiene conversaciones con otras tres autonomías españolas para ceder inmuebles destinados al alquiler social, unos acuerdos que espera materializar «en los próximos meses».
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