Las tarjetas de la vergüenza

Quince millones de euros. Este es el dinero que sacó el Gobierno de la hucha de las pensiones para pagarlas en los meses de julio y diciembre del año pasado. También el que se gastaron los zamoranos en el último sorteo de la Lotería de Navidad. Y más o menos es el importe de las facturas de las tarjetas black de Caja Madrid desde 2003 a 2012. Se dice rápido y, a juzgar por los extractos bancarios, se gasta aún más. Un selecto grupo de personas lo sabe bien. Son los 79 consejeros de la entidad que están imputados por hacer un uso indebido de esas Visas personales. Las recibieron de manos de la cúpula de la entidad durante la presidencia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. En principio, eran la manera de compensar los gastos de representación. Pero se les fue de las manos. Llegaron a usarlas en farmacias y hasta compraron con ellas ropa interior en WomenSecret y Oysho.

Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM, es uno de los que ya han pasado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para dar explicaciones. Fue consejero de BFA-Bankia, matriz de Caja Madrid, cuando Rato era el máximo responsable. No tenían sueldo por esta labor. Como todos sus colegas, recibía dietas de 3.000 euros por acudir a las reuniones. Y la tarjeta, de la que fue titular entre febrero de 2010 y diciembre de 2011. Su voz suena clara al otro lado del teléfono. El mismo tono desenfadado de siempre. Repite una y otra vez que no hizo un mal uso: «Fueron gastos de representación». Los más de 10.000 euros en comidas en sus restaurantes formaban parte de las «relaciones institucionales» que mantenía como consejero. ¿No hubo gastos personales? «Para nada».

Sin embargo, en los 134 apuntes que están a su nombre hay algunos discutibles. La usó para comprar en Nespresso (185,8 euros) y Caprabo (111,42 euros), por ejemplo. Y en tiendas de Carolina Herrera. Le ha costado su puesto en CEIM: dejó su silla al cabo de unos meses y convocó elecciones; dimisión en diferido le llaman. En la patronal madrileña no quieren hablar del asunto. «Es pasado», aseguran. Ahora «trabajan en un nuevo reglamento deontológico». En la CEOE, donde era vicepresidente, actuaron más rápido: le expulsaron «de acuerdo al código ético aprobado en 2010» tras el relevo de Díaz Ferrán, propietario de otra black, por cierto. Pese a todo, el dueño del Grupo Cantoblanco es de los pocos que dan la cara tras el escándalo. A otros se los ha tragado la tierra. «La actitud personal no es lo más importante», señala Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. «Lo es el hecho de que la Justicia funcione adecuadamente y de la forma más rápida».

Lo cierto es que todos los que se han visto salpicados por las black han caído en desgracia. Han pasado de ser vistos como unos directivos respetables y hasta de referencia a unos apestados. «Es lo más duro que me ha tocado vivir», ahonda Fernández. El caso de Rodrigo Rato es paradigmático. Este jueves abandonaba su domicilio -detenido por fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes- en una de las imágenes más demoledoras de la historia de la democracia española. Horas después era puesto en libertad, tras acompañar a los agentes al registro de su domicilio y su despacho profesional. En su casa le esperaban decenas de personas al grito de «hijo de puta», «ladrón» y «chorizo». De lo más alto a lo más bajo. La investigación, cargada de interrogantes, promete.

Se había labrado un expediente envidiable como ministro de Economía en la era de José María Aznar, estuvo a un paso de convertirse en presidente del país y ocupó el flamante cargo de responsable del Fondo Monetario Internacional. Pero el caso Bankia y la pieza separada de las tarjetas lo han degradado a villano. Se gastó casi 100.000 euros con su Visa de oro. Una buena parte, en copas y clubes nocturnos. También hizo 17 retiradas en efectivo por importe de 1.000 euros cada vez. Ha devuelto la parte de Bankia, 54.837,12 euros (apenas un tercio de lo que despilfarró).

Es el menos discreto de todos los imputados, aunque últimamente «se cuida un poco más». Ha viajado varias veces a Suiza -hace unos días unos pasajeros de un vuelo de Easyjet le increparon con frases como «alguien ha robado» y «en este avión va un ladrón»- y la semana pasada abandonó el piso que comparte con su segunda mujer, la periodista Alicia González, en la calle Ramón de la Cruz de Madrid, para asistir al funeral de la esposa de César Alierta, máximo responsable de Telefónica, en Zaragoza. Sigue pendiente de la fecha para el arbitraje de consumo que tiene en Gijón, de donde procede su familia, por unos cojines. El político ha denunciado al comercio donde los dejó para repararlos por haberlos perdido. En realidad, fueron donados a Cáritas después de «seis meses» en los que nadie los reclamó.

Charla solidaria

En la ciudad asturiana, Rato tiene una casa propia en el barrio de Cabueñes, en la que presumiblemente se queda durante sus visitas. Ahora está a la venta. La última vez que se le vio por allí fue en Navidad con sus tres hijos, fruto de su primer matrimonio. Mantiene una buena relación con ellos, aunque, mientras se aclara la tormenta judicial, una de las chicas oculta su apellido en las redes sociales para evitar el linchamiento. Sus hijos creen en el padre que, pese a su lapidación pública, tiene arrojo para ofrecer una conferencia en el Proyecto Integral San Vicente de Paúl, institución privada dirigida por las Hijas de la Caridad. Aquí tampoco dan ningún detalle: «Es un tema personal».

Rato, despojado en noviembre de su título de Hijo Adoptivo de Gijón, también ha sido despedido como asesor del Banco Santander. Algo que la entidad no hizo con Ricardo Morado Iglesias: el segundo que más gastó, con un debe a Caja Madrid, donde fue director general, de 448.000 euros, la mayoría retirado en efectivo. A día de hoy la entidad de Ana Patricia Botín le mantiene como director de Riesgo Tecnológico y Operativo.

En el PP, dicen, no saben nada del que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar. Se dio de baja antes de que pudieran echarle por un escándalo que ha salpicado a otras 26 personas vinculadas con el Partido Popular y que fueron expulsadas el 27 de octubre. «Estaba bastante claro», apuntan desde Génova. Y regulado. «En los estatutos hay un capítulo que estipula el comportamiento de los militantes, pero, además, tenemos un código ético». De buenas prácticas, se llama.

Más concreto es el de CC OO. Lo aprobaron en marzo. Establece cómo elegir, asesorar y fiscalizar a sus consejeros, y extiende la responsabilidad, en caso de problemas, a las personas que los proponen. En Caja Madrid tuvo seis representantes con tarjeta black. Entre todos, gastaron 78.162 euros desde 2003 a 2011. «Se les abrió un expediente disciplinario», señala Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas. Cinco se dieron de baja antes de someterse «a la disciplina del sindicato». Sólo uno llegó al final. El de Gabriel Moreno, que sacó 19.724,73 euros, pero cuyos justificantes demuestran «que no hubo un uso indebido», según la central.

Miguel Blesa es el otro gran nombre del escándalo. La mayor parte del agujero de las tarjetas se hizo cuando él era presidente. A sus 67 años, vive enclaustrado en su casa, una imagen muy alejada de la que mostraba en las fotos de sus exóticas cacerías, donde posaba orgulloso con su fusil y sus trofeos. Sólo sale para ir a los juzgados, y lo hace en una discreta berlina de color oscuro que nada tiene que ver con aquel Ferrari que ponía «a 240 kilómetros por hora» y con el que se fotografiaba su sobrino. El arrogante «tío Micky» es ahora un jubilado que no protesta ni cuando los preferentistas zarandean su vehículo. Eso sí, un pensionista con 2.432,89 euros al mes, casi el máximo establecido por la ley (2.554,49), pero alejado del dineral que ingresaba antes y con el que regaba de regalos a su segunda mujer, Gema Gámez, de 41 años.

En los últimos tiempos se ha deshecho de parte de su patrimonio inmobiliario, como su villa del barrio marileño de Conde Orgaz y el dúplex en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu. Su chalé en la urbanización La Florida, de 2,1 millones, es parte del aval para pagar la fianza de 15 millones que le impuso el juez Andreu. Su hija, Cus, sigue confiando en su inocencia.

En Morillo de Lena hace ya algunos meses que la casa de Ramón Ferraz Ricarte, consejero ejecutivo de Caja Madrid y con tarjeta de 2003 a 2009 (y gastos por valor de 389.450,35 euros, entre los que destacan los generados por su afición al esquí), está cerrada a cal y canto. Fue uno de los hombres de confianza de Blesa y cerebro de la fallida operación del Banco de Florida. Le acompañaba siempre su esposa, «también vinculada a la caja», y llegaban en «coches de alta gama». «Les gustaba comer en los restaurantes más selectos». Desde el verano, nadie les ha visto el pelo. Si han ido, «ha sido con mucha discreción», cuentan en el municipio. Son tan pocos vecinos (80 en invierno) que es difícil no darse cuenta.

«No lo estamos pasando bien», admiten algunos exconsejeros. Los últimos meses están siendo difíciles para ellos. Acostumbrados a ser recibidos con honores de príncipes de las finanzas, ahora se esconden para evitar la polémica, que ha puesto de relieve la falta de ética en la cúpula del mundo financiero, aunque en este caso trasciende incluso a la política y la acción sindical. Los teléfonos de sus actuales oficinas suenan sin que nadie descuelgue. Así pasa en el despacho de la Universidad Complutense de José Antonio Moral Santín. Es profesor del departamento de Economía Aplicada V. Su condición de propietario de una black es «ajena y no afecta a su labor de docente», ratifican desde el centro. Sus estatutos «no contemplan la posibilidad de cese». En la caja era uno de los tres representantes que tenía Izquierda Unida, que le expulsó hace tiempo «porque no estaba de acuerdo con su papel», y eso que no sabían nada de las tarjetas. Al tener noticia, han «depurado responsabilidades políticas». Echaron a Ángel Pérez y Gregorio Gordo. «Era lo que había que hacer, aunque nos ha pasado una factura mediática importante», aseveran. El proceso ha sido tormentoso y ha coincidido con la descomposición del partido, que se ha llevado por delante a uno de sus rostros más prometedores, Tania Sánchez.

Otro que tampoco quiere explicarse ahora es Juan Iranzo, decano del Colegio de Economistas de Madrid. Extertuliano del programa El gato al agua (Intereconomía), donde proponía eliminar hasta el salario mínimo, ha cerrado el pico. Prepara ya su desembarco en la UNED. El pasado 27 de marzo, el BOE publicó el fin de su excedencia. En el centro no saben todavía de qué se ocupará exactamente este consejero, que se fundió 5.326 euros en joyas, 421 en flores y plantas, y 256 en WomenSecret. El reingreso en esta universidad «es automático». Por este asunto y por cuestiones éticas obvias, tuvo que cesar en Red Eléctrica y, sobre todo, en el Consejo Económico y Social (órgano consultivo del Gobierno).

¿Es adecuado que implicados en escándalos de corrupción mantenga sus puestos en empresas públicas? El presidente de Transparencia Internacional España lo tiene claro: «Debe haber un sistema de control y evaluación de aquellos directivos que realmente estén imputados judicialmente, que se les haya abierto un juicio oral o que haya un escrito de acusación del fiscal». Todo ello sería «una causa clara para dejar los cargos públicos».

- ¿Y en las entidades privadas?

- Es una decisión de los propietarios. Aunque debería hacerse algo parecido, sobre todo en aquellas empresas con cierto interés público o del ámbito social.

Han pasado unos seis meses desde que el juez Andreu abriera el proceso por las Visas opacas. No es un juicio: «Está en fase de instrucción», subrayan desde la Audiencia Nacional. Cuando acabe se sabrá si hay delito y si se pasa al siguiente escalón. «Es imposible dar una fecha» de cuándo sucederá esto, pero, pese a la lentitud de la Justicia en España, este caso «va a buen ritmo». El último en hablar ha sido el fiscal, Alejandro Luzón, que esta misma semana ha pedido el sobreseimiento de la causa contra cuatro directivos. En su escrito asegura que no se les puede juzgar por administración desleal, ya que no formaban parte ni del consejo de administración ni de la comisión de control de la entidad.

Entre ellos está Rafael Spottorno, director de la Fundación Caja Madrid de 2002 a 2011. El sobrino del filósofo Ortega y Gasset era un hombre de currículum intachable que brilló en La Zarzuela como Jefe de la Casa del Rey con don Juan Carlos. Cuando Felipe VI subió al trono, le fichó como asesor personal. Pero con el huracán de las tarjetas, cayó fulminado en el terreno profesional. Y en el personal no le ha ido mucho mejor. Este hombre, que intentaba apurar siempre el límite de gasto que tenía y que no escatimaba en muebles, alfombras, trajes a medida y zapatos, se separó a finales de año de Pía Rubio, con quien llevaba casado cuatro décadas. Hace unas semanas, ha trascendido que se han dado una nueva oportunidad. Ninguno quiere hablar.

Hasta el jefe de prensa

Juan Astorqui, director de comunicación de Caja Madrid durante 14 años, también queda exento de responsabilidades. Que su nombre aparezca en los papeles, donde ha quedado registrada su afición a los barcos con 55.000 euros de gasto, le ha costado su puesto de vicepresidente en la consultora internacional de comunicación y relaciones públicas Burson-Marsteller. Su jefa, Carmen Varela, tomó la decisión: «Fue de común acuerdo». No le tembló el pulso «para evitar cualquier posible perjuicio tanto a la agencia como a los clientes».

De los 79 consejeros señalados por el magistrado, apenas unos pocos han devuelto el dinero gastado. De hecho, de los 15,5 millones de euros quemados exactamente, sólo han vuelto a la hucha 474.000. La mayoría pertenecen a la actual Bankia (cuyas deudas han quedado saldadas). Falta la mayor parte de Caja Madrid, que no tiene una entidad -salvo el FROB, creado para el rescate de la banca- que se haga cargo de los ingresos que puedan hacer los exconsejeros, por lo que algunos han optado por consignar su aportación ante notario. Los que ya están limpios son Arturo Fernández, Francisco Javier López Madrid (propuesto por la patronal madrileña), Luis Blasco Bosqued (miembro de la junta directiva del Real Madrid), Jorge Rábago (PP) y Miguel Corsini (que dejó Mutua Madrileña).

Otros sólo han reintegrado la parte de Bankia, como Virgilio Zapatero, que formó parte de los gobiernos de Felipe González entre 1983 y 1996, y fue expulsado del PSOE junto a otros nueve militantes. Seis más se dieron de baja ellos. O el abogado Ignacio de Navasqües, que está desaparecido hasta en el despacho donde trabaja desde 1996, como recoge su perfil de la red profesional Linkedin. Sus compañeros aseguran que ya no tiene ninguna vinculación. También Ildefonso Sánchez Barcoj (director financiero), José Manuel Fernández Norniella (consejero y exsecretario de Estado de Hacienda con Rato) y Spottorno han saldado sus deudas con Goirigolzarri. El número 3 de Blesa, Matías Amat Roca, ha consignado en una cuenta el grueso del dinero que se fundió, 429.272,16 euros... A buenas horas. Porque la honradez no tiene precio.