Los presidentes de las cámaras mantendrán el cargo hasta 2016 por el retraso de la nueva ley

Una de las cuestiones más criticadas por los empresarios cada vez que realizan gestiones que implican a la administración pública es la lentitud con la que ésta aborda sus procesos. La reforma de la legislación que regula el funcionamiento de las cámaras de comercio, corporaciones de derecho público bajo tutela de la administración, podría ser un buen ejemplo de ello.

La calma con la que el Gobierno se ha tomado este proceso, que comenzó a trabajarse en la anterior legislatura, mantiene paralizada la renovación de las respectivas presidencias de estas instituciones. En el caso de las cinco cámaras de la Comunitat, los mandatos están prorrogados desde mediados de 2014 y no se prevé que las elecciones se celebren al menos hasta 2016.

Así lo reconocen tanto el Ministerio de Economía encargado de abrir el proceso, como la Conselleria del ramo a quien corresponde convocar formalmente las elecciones. Dado que el procedimiento desde que se abren los comicios hasta que éstas se celebran lleva al menos seis meses, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y sus homólogos en las otras cuatro cámaras de la región Orihuela, Alcoy, Castellón y Alicante tienen garantizada su permanencia en el cargo hasta bien entrado el próximo año.

El bloqueo en este momento se encuentra en las comunidades autónomas, según explican fuentes de la secretaría de Estado de Comercio. Tras la aprobación de la reforma estatal en abril del año pasado, el Gobierno central dio a las ejecutivos autonómicos hasta el pasado 31 de enero para que adaptasen esa norma a sus respectivas comunidades, pero prácticamente todas las regiones lo incumplieron.

De hecho, hay hasta nueve comunidades entre ellas Andalucía o el País Vasco que todavía hoy no han sacado adelante la regulación autonómica. No es el caso de la Generalitat, una de las pocas administraciones que ha hecho los deberes en ese sentido al aprobar la reforma en abril. Sin embargo, la voluntad del Gobierno central para lanzar los comicios de de forma coordinada bloquea indirectamente la renovación de las cámaras valencianas, ya que el proceso no se va a abrir hasta que todas las regiones adapten la ley.

El Gobierno reconoce que el condicionante que supone tener una de la ley cameral, unido a un calendario plagado de citas electorales autonómicas este mes y generales en noviembre actúa de «elemento distorsionador» para renovar unas cúpulas que llevan más de un año en tiempo de descuento.

Así las cosas, los plenos de las cámaras valencianas están prorrogados desde el verano de 2014. Aunque la elección de los vocales que forman parte de este órgano (sesenta en el caso de la Cámara de Valencia) no se inicia hasta que se convoquen las elecciones, la institución que preside José Vicente Morata tiene previsto comenzar a trabajar este apartado en los próximos meses.

Carrera por captar empresas

La nueva ley establece que dos tercios del pleno son representantes empresariales de diferentes sectores económicos elegidos directamente por la cámara pero introduce como novedad la posibilidad de que haya empresas representadas en función de su aportación económica a la institución cameral. En el caso de la Cámara de Valencia son doce los asientos reservados para las compañías que más paguen. La previsión es abrir un registro desde este verano para que se puedan apuntar las empresas interesadas en entrar al pleno.

La principal cuestión que debía resolver la nueva ley era la financiación de estas corporaciones. Hasta 2010, todas las empresas estaban obligadas a realizar aportaciones a las cámaras en función de su cifra de negocio. La eliminación de esos pagos hizo caer en picado los ingresos de las cámaras y obligó a buscar alternativas de financiación.

La nueva regulación busca resolver esa cuestión por dos vías. La principal es la firma de convenios con la administración para encomiendas de gestión en cuestiones como la internalización de empresas o formación. La segunda es la posibilidad de reservar asientos en el pleno a las empresas que más paguen, lo que mete de lleno a las cámaras en la carrera por captar empresas, una pugna en la que Valencia compite con la patronal de Valencia, volcada en esta estrategia desde hace un año, y con el lobby AVE, cuyo pleno acoge a las cien empresas que más facturan en la Comunitat.