Pedraz pide al fiscal que se pronuncie sobre si archiva la causa de Calabuig en Banco Valencia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado al fiscal si debe archivar la querella que el FROB presentó durante la intervención en Banco de Valencia contra la familia Calabuig y Domingo Parra, consejero delegado de la extinta entidad. Según la providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, el juez requiere un informe al Ministerio Fiscal para que opine sobre la "ausencia de legitimación de CaixaBank para seguir ejerciendo la acción penal y civil derivada del delito, y en relación con el sobreseimiento y archivo de las actuaciones solicitado; sin perjuicio de las alegaciones que puedan formular el resto de partes personadas".

Tal y como ayer publicó LAS PROVINCIAS, Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia, abonó el 28 de mayo el préstamo de 53 millones de euros concedido por Banco de Valencia mientras que el de 55 millones fue liquidado el 6 de octubre de 2014. Ambas financiaciones formaban el grueso de la denuncia que el FROB presentó hace tres años durante la intervención de Banco de Valencia, en la que le acusaron a los Calabuig y a Domingo Parra de un supuesto agujero de 137 millones de euros. Esta elevada cantidad junto con la relación establecida por el FROB entre el agujero supuestamente realizado y el cuantioso rescate de 4.500 millones que se realizó en la entidad justificaban para el fondo que la querella se investigara en la Audiencia Nacional.

Con el pago de los créditos, los Calabuig han devuelto 108 millones de euros que les fueron prestados. Durante el tiempo en el que estos créditos estuvieron vivos, el pago de intereses y comisiones a Banco de Valencia -y después a La Caixa- han superado los 30,6 millones.

Pedraz informa -en la providencia a la que ha tenido acceso este periódico- que tiene acreditado la cancelación de los créditos que sustentaron dicha denuncia. Esta información se encuentra en los argumentos y documentos que los abogados de Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia, le trasladaron en un escrito. En ese documento, se afirma: "Es claro que ningún perjuicio se derivó de la financiación dada por el banco, al contrario le proporcionó importantes beneficios". También se añade: "La financiación concedida ha reportado a la entidad financiera importantes beneficios resultando en este punto temeraria y sin fundamento objetivo alguno la tesis que sostiene la denunciante -y KPMG- de que la financiación resultó perjudicial para el banco".

Fuentes próximas a la causa, sin embargo, matizan que el hecho de que los Calabuig hayan pagado los créditos no implica que no hubiera existido negligencia en la concesión ya que "aunque no haya existido daño hay que investigar si se corrió injustificadamente el riesgo de haberlo sufrido".

La argumentación de los abogados de los Calabuig es contraria a esta tesis. "No tiene sentido continuar con la causa penal contra mi representado por la manifiesta falta de relevancia penal de los hechos, por lo que, en el momento procesal oportuno -aunque consideramos que se dan las condiciones de hacerlo- deberá dictarse el oportuno auto acordando el sobreseimiento y archivo de la causa para mi representado y personas a él vinculadas por razón de sus relaciones con Banco de Valencia", afirmaron los letrados del presidente de Aguas de Valencia en el escrito que ha provocado que Pedraz se plantee el sobreseimiento de la causa.

La sugerencia de archivo de la causa por parte de la defensa legal de los Calabuig se sustenta también en que el caso que se analiza no tiene una repercusión nacional. En el escrito que se remitió por parte de estos letrados a la Audiencia Nacional se puso de manifiesto: "El propio FROB hubo de reconocer que el déficit patrimonial que determinó la intervención del banco en cuantía de 4.500 millones de euros no guardaba relación alguna con las operaciones realizadas por el Grupo Calabuig".

Esta conexión sí que fue esgrimida por el FROB cuando José Antonio Iturriaga tutelaba Banco de Valencia en la petición de medidas cautelares para embargar las acciones que los Calabuig tenían en Aguas de Valencia.