Medio año de tregua para el monopolio

Seis meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbara el monopolio del que disfrutan los estibadores en los trabajos de carga y descarga de buques, nada ha cambiado en los puertos de España, que sigue sin aplicar la sentencia de Luxemburgo. Pese a que el texto, a efectos legales, entró en vigor el mismo día del dictamen (el pasado 11 de diciembre) el Gobierno -con el beneplácito de la Comisión Europea- sigue sin cumplir con el veredicto a la espera de hallar una postura de consenso que parece difícil de alcanzar.

El Ministerio de Fomento inició el pasado mes de marzo un proceso de diálogo para acercar las posturas antagónicas de la patronal Anesco, que aboga por aplicar la sentencia de forma estricta; y el sindicato mayoritario, Coordinadora, que apenas cede en reemplazar la actual exclusividad de la que disfrutan sus trabajadores por un sistema que les garantice "preferencia de contratación". La iniciativa logró frenar el bloqueo de los puertos a nivel nacional, un conflicto que llegó a iniciarse con una huelga encubierta cuando trascendió el texto que preparaba Puertos del Estado para cumplir con el mandato europeo. Sin embargo, el proceso sigue sin dar con el ansiado consenso, y tanto empresas como trabajadores piden a la administración que dé un paso al frente y acabe con la incertidumbre en el sector.

Preguntadas al respecto, fuentes de Puertos del Estado mantienen el discurso de que el retraso en la aplicación de la sentencia radica "en la búsqueda del consenso entre empresas y estibadores". "El próximo día 17 tiene lugar una nueva reunión entre Coordinadora y Anesco para acercar posturas", insisten. Sin embargo, debido a la distancia entre los actores implicados, hasta el propio presidente del organismo estatal, José Llorca, está maniobrando al margen de este proceso. Prueba de ello es que ha derivado la propuesta planteada por el sindicato a la Abogacía del Estado para que dirima si se ajusta o no a lo que demanda Europa. Tal veredicto se conocerá "en breve", según informó esta semana el dirigente.

Como informó este periódico, de los dos aspectos fundamentales que consideró ilegales el TJUE, Coordinadora sólo cede con claridad en el que menos afecta a los trabajadores: acepta poner fin a la obligación de los operadores marítimos de inscribirse y formar parte del capital de las sociedades de la estiba, un cambio que pondría fin al actual monopolio de estas empresas y abriría la puerta a la creación de otras nuevas. Sin embargo, el sindicato no parece dispuesto a que los estibadores pierdan también la exclusividad en los trabajos de carga y descarga. Fuentes de la formación explican que, en materia laboral, aspiran a que la nueva legislación les otorgue "preferencia de contratación", si bien no desvelan cómo se articularía este trato prioritario hacia los actuales trabajadores fuera de las actuales sociedades de la estiba.

Esta propuesta, al margen de que se encuentra bajo la lupa de la Abogacía del Estado, dista mucho de la postura de Anesco, que -al menos de forma oficial- se muestra firme en sus planteamientos y no ofrece signos de querer rebajar un ápice la dura sentencia europea, que llega a proponer que las empresas estibadoras puedan crear «una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas que funcionen como agencias de empleo temporal», un escenario laboral que se situaría a años luz del actual blindaje de los estibadores.

En cuanto a la Comisión Europea, que es la administración encargada de velar por que España cumpla con mandato comunitario, está siendo laxo en los plazos, dado que la regulación marca que el país condenado ha de actuar en dos meses. Respecto a la hoja de ruta, sin embargo, se muestra inflexible. "El dictamen del Tribunal de Justicia de Luxemburgo tiene que cumplirse", afirmó el jefe de la Unidad de Transporte Marítimo y Política Portuaria de la CE en una entrevista reciente concedida a Diario del Puerto.