Dos inversores valencianos se querellan contra Llanera por un quebranto millonario

Dos sociedades valencianas lideradas por el reconocido notario valenciano Carlos Pascual y el empresario de la construcción Fernando Polanco se han querellado contra la extinta promotora Llanera por causarles un quebranto millonario. Según información a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, la querella se encuentra en manos de la Audiencia Provincial de Valencia, que considera que existen indicios de delito de estafa y ha abierto juicio oral contra los propietarios de la constructora, Fernando Vicente Gallego Martínez y Fernando Gallego Almazora, así como contra la propia firma, que fue sepultada con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El juicio, en el que Pascual y Polanco declararán como testigos, se celebra hoy. El proceso investiga si Llanera y sus gestores cometieron un delito penal, pero al tratarse de un perjuicio económico la Audiencia ha solicitado una fianza de 50 millones de euros a la que los acusados no han podido hacer frente alegando su insolvencia. La causa arrancó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que la sobreseyó tras recibir un escrito de la Fiscalía que consideró que los hechos relatados no eran constitutivos de infracción penal. Pero las firmas recurrieron entonces a la Audiencia, que ha sentado a los acusados en el banquillo.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, la mercantil Faverch, de la que es propietario Pascual, compró a Llanera el 6,51% de diversas fincas ubicadas en la Reva (entre Chiva y Riba-roja) por un importe de 33 millones de euros en marzo de 2007, un momento de grandes expectativas para el mercado inmobiliario que hizo de dicho enclave uno de los mayores focos de especulación urbanística.

Faverch, para garantizar su inversión, acompañó la firma de esta compraventa de otros dos contratos privados, en los que arrancó a Llanera el compromiso de recomprarle el porcentaje de las fincas "por un precio de más de 12 millones de euros superior al que acababa de recibir", en caso de que así lo reclamara la mercantil. Como garantía para el cumplimiento de esta recompra Llanera ofreció "una serie de fincas en sendas escrituras públicas" -la Fiscalía no concreta cuáles- sobre las que aportó una promesa de hipoteca que sólo se activaría en caso de que así lo requiriera Faverch.

Todas estas cortapisas adquirieron su máximo sentido cuando, en septiembre de 2007, Llanera presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores. No obstante, según el escrito de la Fiscalía, Faverch no concurrió a dicho concurso pese a que en la memoria del mismo constaba "de forma expresa" una mención a la promesa de hipoteca a la que se comprometió la promotora. La vía elegida por Faverch para defender sus intereses fue, según el documento, "efectuar un requerimiento notarial a la querellada Llanera en la que, según los términos del mismo, se le requería para que liberara las fincas sobre las que se habían ofrecido garantías".

En este caso, la Fiscalía consideró que no había infracción penal alguna al entender que Faverch no había requerido el compromiso de recompra de las parcelas, sino que se limitó a demandar que se liberaran los inmuebles, unos terrenos agrarios que, como muchos otros de la Reva, siguieron después siendo explotados por Llanera tras el concurso de acreedores. "La querellante sigue disfrutando pacíficamente de la propiedad», recoge al respecto el escrito. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia sí ha apreciado indicios de delito por parte de la promotora y sus gestores, lo que da un giro de 180 grados a la situación.

El juicio escribirá un capítulo más en una historia que marcó el inicio de la crisis inmobiliaria en la Comunitat. En plena vorágine especulativa, Llanera compró a Suez las parcelas de la Reva con préstamos de Bancaja, Banco de Valencia y la más tarde archiconocida Lehman Brothers, al considerar entonces que se trataba de un punto estratégico para seguir construyendo, entre las concurridas autovías A-7 y la A-3. Los terrenos, a su vez, fueron revendidos a particulares como los inversores que todavía siguen pugnando por recuperar algo de lo invertido. Pero la crisis hizo pedazos aquel proyecto y a la propia Llanera, que difícilmente podrá hacer frente a las cantidades que se le reclaman.