El Consell acabará con el cobro extra de miles de euros en impuestos por comprar un piso

La Conselleria de Hacienda prepara «para final del presente ejercicio o principios de 2016» una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). La intención del actual Consell es «adecuar a la realidad» dicha tasa, que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para compradores particulares y firmas inmobiliarias. El sector denuncia que el gravamen cobra «miles de euros extra» por cada transacción al basarse en el valor catastral de la vivienda, que en la actualidad no se corresponde con unos precios significativamente inferiores por efecto de la crisis económica y financiera.

El impuesto, en la Comunitat, está cifrado en el 10% del valor de la vivienda adquirida, de modo que, por un inmueble de 100.000 euros, el comprador está obligado a abonar a la Generalitat 10.000 euros en concepto de ITP. Las transacciones, posteriormente, son revisadas por la administración autonómica, y el problema viene cuando Hacienda detecta que, a su entender, no se han pagado los suficientes impuestos por la misma.

Con el fin de evitar posibles casos de fraude, la Generalitat obvia el precio real de la vivienda y lo calcula según el valor catastral. Ello implica que si Hacienda estima que la propiedad comprada por 100.000 euros está valorada -según el catastro- en 150.000 euros exige al propietario que eleve a 15.000 lo abonado por ITP. La reclamación se materializa en una carta al propietario en la que se le piden los 5.000 euros restantes.

Con el fin de evitar que esto suceda, la Generalitat quiere acabar con la sobrevaloración de las viviendas según el catastro. El valor se obtiene al multiplicar el registro catastral (dependiente de los municipios) por un coeficiente que aplica la Generalitat, que será la herramienta de la administración para corregir a la baja el valor oficial de la vivienda. Según trasladan fuentes de Hacienda, la intención de Eduardo Roca, director general de Tributos y Juego, es «modificar los coeficientes para corregir el valor catastral en aquellos municipios que todavía aplican una valoración propia de la burbuja inmobiliaria». Los municipios seleccionados para aplicar estas reducciones se determinarán a partir de las reclamaciones realizadas a la Generalitat por compradores que denuncian que se les exige un ITP excesivo respecto al coste real por el que adquirieron su vivienda. «Existe un importante archivo de reclamaciones de compradores discordantes para hacerlo», aseguran.

«Los coeficientes son mejorables. Se pueden ajustar más para que representen el valor real de la vivienda», afirman. Uno de los cambios que estudia la conselleria es, en el caso de las grandes ciudades, establecer diferencias entre los coeficientes de los distindos distritos.

El empresario Pedro Martínez Collado, presidente de honor de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria y propietario de la inmobiliaria valenciana Primer Grupo, celebra la decisión de la Generalitat al considerar que los impuestos que ahora se exigen «no tienen ningún tipo de sentido». «El valor real de la vivienda está claramente por debajo del valor catastral en el que se basa la administración para cobrar el ITP. Es una medida que procede», señala, y añade que la administración tendría que ir más allá y «reducir un impuesto injusto que cobra una cantidad elevada por transferir una vivienda y además la vuelve a cobrar si se vuelve a vender». El sector espera ahora que el Consell materialice esta rebaja y no perpetúe «un sistema con afán recaudatorio».