Daniel Valero
Lunes, 31 de agosto 2015, 19:51
La gestión del dinero público de los 14 institutos tecnológicos de la Comunitat se encuentra en estos momentos bajo la lupa de técnicos de la Conselleria de Economía. Los graves antecedentes registrados en los institutos Aidico (que se encuentra en proceso de liquidación tras ser rescatado con dinero público) y Aido (cuya gestión de las subvenciones está siendo investigada por la justicia) han llevado al conseller del ramo, Rafael Climent, a fiscalizar las ayudas entregadas a los centros privados para comprobar el uso que hacen de las subvenciones y garantizar la correcta inversión en innovación por parte de la Generalitat de cara a 2016.
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Según explicaron fuentes de la actual Conselleria de Economía, el celo para garantizar el buen uso de los fondos públicos destinados a los institutos tecnológicos ya se viene aplicando por parte de la administración autonómica. Según explican, tanto el instituto de la construcción (Aidico) como el de la óptica y la imagen (Aido), no reciben ayudas del Ivace desde el año 2013. La situación de concurso del primero derivó finalmente en el cese de su actividad hasta la actual adjudicación del grueso del mismo a ocho de sus trabajadores, pero en el caso del segundo la medida supone una seria complicación para su futuro.
Aido trata de mantener la normalidad inmerso en una investigación judicial que trata de averiguar el destino de 28 millones en ayudas. La denuncia inicial presentada por el Ivace ante la fiscalía se circunscribía a un millón de euros en ayudas autonómicas concedidas al instituto, cuya justificación habría sido incorrecta, pero la investigación se amplió finalmente a la totalidad de los fondos recibidos por el centro durante la década comprendida entre 2005 y 2014.
La investigación trascendió tras el registro por parte de la policía de las instalaciones de Aido en el Parque Tecnológico de Paterna. El director del centro, Emilio Pérez, fue detenido e imputado junto a otras 12 personas del instituto responsables de la justificación de las ayudas públicas.
Las conclusiones que extraigan los técnicos serán plasmadas en un informe con el que, a su vez, el conseller Climent cumplirá con la exigencia de la portavoz socialista de Industria en Les Corts, Noelia Hernández, que solicitó el pasado domingo la comparecencia de Climent para que "explique y valore cuál es la situación en la que se encuentran los institutos tecnológicos". La intención del conseller es contar con el documento en un plazo de dos semanas, según informan fuentes de Economía.
"Se busca un diagnostico del estado actual de los institutos tecnológicos, analizar las cantidades reales que se le dan a cada instituto, sus líneas de investigación y comprobar en particular el estado en el que se encuentran el instituto de la Construcción (Aidico) y el de la óptica e imagen (Aido)", explican, y añaden que "algo debe de haber fallado", en relación a la situación de los centros mencionados.
A partir de las conclusiones extraídas de este análisis el actual Consell decidirá si mantiene o no la línea dura que adoptó en el último año la conselleria de Economía comandada por Máximo Buch, que llegó a amenazar a los centros inviables con cortarles las ayudas si no acometían entre ellos los procesos de fusión alentados por la administración autonómica.
La conselleria se basó en los datos recabados por la consultora BDO, que concluyó que más de la mitad de los centros ingresaba más en ayudas regionales de lo que facturaba con su actividad de I+D. Los centros señalados fueron el fallido Aidico, Aidima (madera y mueble), ITC (cerámica), Aiju (juguete), ITE (energía), el mencionado Aido, Aimme (metalmecánico) e Inescop (calzado). Por contra, los institutos Aitex (textil), Itene (embalaje), ITI (telecomunicaciones), Ainia (agroalimentario), IBV (biomecánica) y Aimplas (plástico), superaron las pruebas de eficiencia.
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Con el fin de alcanzar o mejorar la rentabilidad, el Consell propuso entonces fusiones entre los centros. En concreto, propuso pasar de catorce institutos a cinco grandes grupos organizados en función de la actividad y la tecnología de trabajo. Los centros Ainia e IBV -cuya rentabilidad fue acreditada- se mantendrían por separado, mientras que se proponía un grupo de hábitat integrado por Aidico, Aidima e ITC; otro de materiales textiles y calzado con Inescop y Aitex; y un macro grupo de manufactura avanzada integrado por los institutos Aimme, Aido, ITE, Aiju, Aimplas, ITI e Itene.
Los centros, sin embargo, hicieron caso omiso a las recomendaciones y sólo se inició un proceso de fusión (entre Aidima -madera- y Aimme -metal- que no estaba entre los aconsejados por la firma BDO). La desobediencia de los seis centros señalados restantes acabó en ultimátum, pero el anterior Consell perdió las elecciones y la pelota está ahora en el tejado del actual.
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En este caso, Climent ha confiado la tarea al personal de su conselleria, que sólo se servirá de la información que tienen a su alcance -documentos como subvenciones otorgadas a los centros, las justificaciones de las mismas o las cuentas anuales de los institutos remitidas a la Generalitat- para determinar si las cantidades que se aportan a los centros revierten en la sociedad valenciana. «De no ser así no tiene sentido que se aporten fondos públicos a entidades privadas», advierten. Hasta conocer el resultado del informe el gobierno valenciano se posicionaá ni a favor ni en contra de las fusiones.
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