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ÁLVARO MOHORTE
Jueves, 17 de septiembre 2015, 21:36
El equipo del conseller de Economía, Rafael Climent, ha puesto en cuarentena buena parte de los proyectos planteados por empresas privadas y que contaron con el visto bueno de sus antecesores. Poco importa que se trate de proyectos calificados con el marchamo de Actuación Territorial Estratégica (ATE) como el complejo empresarial Alcoinnova, en el que está implicada la empresa La española, o el centro comercial Puerto Mediterráneo, de la corporación británica Intu Properties PLC y la española Eurofund Investments.
Del mismo modo, el equipo del conseller de Compromís tampoco ha evitado cuestionar los acuerdos alcanzados antes de su toma de posesión en foros de diálogo sectoriales como el Observatorio del Comercio de la Comunitat Valenciana en materia de horarios comerciales o en instituciones que han peleado por hacerse con una independencia política y disponer de una gestión profesional como es el caso de Feria Valencia. En esta última, cuando todo parecía encarrilado para reformar la institución con el objetivo de sanear sus cuentas y darle una viabilidad, al equipo del conseller no le ha dolido en prendas amenazar con hacer tabla rasa del proyecto.
La conclusión que comparten un buen número de empresarios, directivos y profesionales valencianos es que están en la diana del nuevo gobierno por el hecho de haber conseguido para sus iniciativas un trato preferente por su impacto económico. Además, de sentirse ofendidos, los inversores se ven ahora sumergidos en nuevos trámites burocráticos o se enfrentan a injerencias por parte de los poderes públicos en aspectos fundamentales del negocio que se daban por superados.
Tampoco los nuevos gobiernos municipales se quedan fuera de esta nómina de agravios que sienten padecer inversores interesados en la Comunitat Valenciana. Ayuntamientos como los de Valencia, Alicante o Alcoy tienen a la espera de permisos o se declaran directamente enfrentamos con iniciativas privadas nacionales o internacionales, como ha ocurrido esta misma semana con el ultimátum de Ikea al consistorio alicantino, tras exigírsele nuevas condiciones y ser acusada veladas de corrupción. A esta nómina de afectado se suman el proyecto Alcoinnova o el local de ocio Marina Beach Club de la Marina Real Juan Carlos I, pendiente de autorizaciones administrativa para poder abrir sus puertas después de haber destinado 2,5 millones en inversiones.
En el mejor de los casos, las acusaciones que se vierten contra los nuevos gestores públicos no son tanto de intentar boicotear proyectos como de haberse instalado en una parálisis debida a su bisoñez. Creo que todavía no han tomado prácticamente ninguna medida de calado. Se está hablando de muchas cosas pero medidas concretas no he visto todavía que hayan tomado ninguna. Yo supongo que estarán aterrizando y enterándose un poquito, estimó Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
Distintos despachos y compañías consultadas señalan que es precisamente esta falta definición la que ha dejado a diversos inversores nacionales y extranjeros a la expectativa. En este caso, se trata de proyectos nuevos u operaciones privadas que se prefieren acometer cuando la situación se haya clarificado. "Una cosa es saber a qué atenerse y echarse a la piscina sin saber si hay agua; y otra muy distintas es hacerlo sin saber ni si hay piscina", señala gráficamente un experto implicado en algunas de estas operaciones.
Como nadie está solo en el universo, este escenario se suma a la prudencia que los inversores extranjeros están teniendo ante la crisis que está atravesando China, con una España que no resulta especialmente atractiva ante la incertidumbre que genera el proceso secesionista catalán y por la influencia que pudiera tener en el gobierno que surja de las próximas generales una formación como Podemos. Identificada por los inversores con la Syriza griega, la decisión del ejecutivo de Mariano Rajoy de adelantar la aprobación de los Presupuesto Generales del Estado de 2016, condicionando con ello al próximo ejecutivo, no ha calmado todos los ánimos.
Ikea Alicante: desplantes, presiones y sombras de corrupción
La decisión de la multinacional sueca Ikea de instalarse en Alicante fue recibida con tanta satisfacción como problemas han surgido entorno al proyecto desde casi el primer momento. Sin embargo, el nuevo consistorio alicantino ha vuelto a tensar la cuerda cuestionando la ubicación inicialmente prevista en la zona de Rabasa. La situación ha llegado al punto de que el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, ha llegado a retar a la firma: "Tiene que decidir si va con Enrique Ortiz (supuestamente implicado en el caso Brugal) o con la ciudad". El Consell prefier no tomar cartas en el asunto y la vicepresidenta Mónica Oltra achaca las diferencias a "la dinámica de las negociaciones", confiando en que al final haya acuerdo.
Puerto Mediterráneo: un proyecto en marcha, pero mal visto por el conseller
En el término municipal de Paterna, el proyecto del centro comercial Puerto Mediterráneo de la unión de empresas hispano británica Intu Eurofund ofrece una inversión privada de 863 millones, la creación de 5.900 puestos de trabajo y unos ingresos para la Administración de 40 millones de euros, sólo en concepto de Seguridad Social. Sin embargo, el propio conseller de Economía, Rafael Climent, ha criticado el complejo por el impacto ambiental que estima que pueda tener. Los promotores aseguran contar con el 70% de los terrenos comprados, y que se sitúan al otro lado de la CV-35, justo enfrente a Heron City. Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad ha decidido crear una comisión que recoja la opinión de los vecinos y, en función de lo que detecten, tomarán partido o no por el proyecto.
Reforma del CC Gran Túria: la otra cara de la restricción de horarios comerciales
La crisis trajo un descenso del consumo de los hogares que ha repercutido en el negocio de los centros comerciales. La libertad de horarios en la práctica totalidad de la ciudad de Valencia hizo que captaran mucho público en domingo del que acudía regularmente a los centros de la periferia. Uno de los más dañados por esta situación ha sido el Centro Comercial Gran Turia, en la trama urbana de Valencia pero en el término municipal de Xirivella, que no permite abrir en domingo. Su propietaria, la firma holandesa Corio (adquirida el pasado año por la francesa Klepierre), presentó una reforma integral del complejo en 2013 con una inversión de 65 millones de euros. Desde entonces, la obra no ha podido ni empezarse, pero el cambio de color político tanto en Valencia como el Xirivella ha complicado la intención de retomar la refundación del centro mientras sus problemas comerciales siguen sin encontrar solución, como aseguran diversos conocedores del proceso. Igualmente, otros centros han paralizado sus planes de reforma hasta que se aclare cuál es la decisión que sobre los horarios comerciales tiene el nuevo ejecutivo autonómico y la inclinación de los responsables locales.
Alcoinnova: espadas en alto por el centro empersarial de La Española
Declarada como Actuación Territorial Estratégica a finales de 2014, Alcoinnova es un proyecto para instalar un parque empresarial tecnológico capitaneado por el Grupo La Española. La oposición del ayuntamiento socialista de Alcoy se ha manifestado en un goteo constante de críticas que han ido desde el impacto medioambiental que pudiera tener el traslado de la división de aceitunas de la firma a la nueva ubicación como el lugar donde el proyecto debiera radicarse. El consistorio quiere que sea en la zona de Los Pagos, mientras que la empresa insiste en que "si alguna entidad, pública o privada, entiende que la zona de Pagos es idónea para instalar n parque empresarial, que arriesgue su patrimonio, que se juegue su dinero, que se ocupe de atraer inversores y empresas, y que lleve a cabo su proyecto".
Marina Beach: todo a punto para abrir, menos los permisos
Con una inversión de 2,5 millones de euros, una previsión de 60 puestos de trabajo y una obra prácticamente acabada a falta de los últimos permisos municipales, el espacio de ocio Marina Beach Valencia sigue cerrado después de meses durante los cuales podría haber iniciado su actividad. Situado entre la Marina Real Juan Carlos I y la playa de la Malvarrosa, la iniciativa fue cuestionada en su día por los partidos que hoy ocupan el gobierno municipal y que ahora son los responsables en la gestión de la zona.
Más proyectos en dique seco
La nómina de proyectos en los que sus responsables han preferido no mover ficha hasta que la situación se estabilice son muchos más y de muy distinto perfil. Además de pequeñas inversiones que sumadas alcanza un volumen importante, en el área portuaria está en el aire el proyecto de ocio del Grupo Heineken, el hotel de seis estrellas de ARC Resort o el varadero de la Marian sur con un inversión de 200 millones de euros que impulsa la multinacional alemana Blohm+Voss.
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